Laura López
Madrid, 14 ago (EFE).- Un total de 4.224 afganos se han refugiado en España desde la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021, periodo en el que los ciudadanos de este país han enfrentado un número creciente de trabas para llegar a España, empujados a rutas cada vez más peligrosas, incluso arriesgando su vida en un cayuco hasta Canarias.
La entrada de los talibanes a la capital afgana, de la que se cumplen ahora cuatro años, marcó el inicio de un periodo en el que muchos ciudadanos, con unos «perfiles muy claros», se convirtieron rápidamente en objeto de persecución, según señala EFE la coordinadora de Jurídico de la ONG Accem, Judith García.
Funcionarios que trabajaban para el anterior régimen, militares y cuerpos y fuerzas de seguridad, figuras políticas opositoras y determinados perfiles profesionales como abogados, periodistas y activistas defensores de los derechos humanos, incluso personas de la academia «con una mentalidad más occidental o abierta».
Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogidos hasta el 31 de marzo de este año, en España hay 4.812 afganos con permiso de residencia por protección internacional, un número que se ha multiplicado por ocho desde antes de la llegada al poder de los talibanes, cuando había en España 588 afganos con protección internacional (marzo de 2021).
Según datos del Ministerio del Interior, desde que empezó 2025 hasta el pasado 30 de junio, España ha concedido protección internacional a 497 afganos, la tercera nacionalidad con más resoluciones favorables solo por detrás de Mali (3.003) y Colombia (567).
Afganistán es una de las nacionalidades con mayor tasa de reconocimiento en España, con un 76 %, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Es el tercer país que más recibe el estatus de refugiado (724 en 2024), el más garantista, después de Nicaragua y Siria.
Cada vez más difícil huir por Irán y Pakistán
El grueso de afganos que huyen de su país lo hacen a Pakistán e Irán, donde enfrentan graves discriminaciones y deportaciones masivas, que han sido denunciadas por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). «Una familia nos contaba que las personas pakistaníes tienen prohibido alquilar viviendas a personas afganas», relata García.
La ley de asilo de 2009 contempla la posibilidad de solicitar un visado de traslado a España en la embajada de estos países para pedir asilo, una medida que para García es «muy positiva» pero que necesita de «más medios», ya que se encuentra «muy saturada» por el volumen de solicitudes, lo que ha generado grandes retrasos en la tramitación.
El último informe de CEAR señala que en las embajadas de estos dos países cada vez es más difícil conseguir una cita para la población afgana, una posibilidad que, durante los primeros años del régimen talibán fue una vía importante para salvar sus vidas.
La irrupción en la ruta canaria
La falta de vías legales y seguras para llegar a España hace que estos ciudadanos enfrenten rutas cada vez más difíciles, peligrosas y largas, ya sea por Turquía hacia el Mediterráneo o incluso por África del Norte, llegando hasta Mauritania y embarcándose hacia Canarias.
Según registros de Cruz Roja Española recogidos por CEAR en su informe, en 2024 llegaron a las islas tras completar la que es considerada como una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo 546 personas de Pakistán, Bangladesh, Afganistán y Yemen.
De 1.865 migrantes que, según Caminando Fronteras, han fallecido desde enero hasta mayo intentando llegar a España, el 80 % había emprendido la ruta canaria, y entre las 22 nacionalidades del total de víctimas, además de personas africanas, había afganos, pakistaníes, sirios y bangladesíes.
Las mujeres afganas, en peligro solo por serlo
Desde hace cuatro años, Accem ha atendido a 1.674 refugiados afganos con un equilibrio casi igual entre hombres (864) y mujeres (810).
Desde que los talibanes llegaron al poder, la situación para ellas ha sido especialmente grave, con medidas discriminatorias en todos los niveles de su vida, desde el acceso de la educación o la sanidad hasta la libertad de movimiento.
Tanto es así que Naciones Unidas ha calificado esta situación de «apartheid de género» y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó a finales del año pasado que las mujeres afganas tienen derecho al asilo en los Estados miembros solo por su sexo y nacionalidad debido a la persecución del régimen talibán.
Según García, España está recibiendo a muchas mujeres -muchas muy jóvenes- con una formación académica brillante y una carrera profesional dilatada como, por ejemplo, fiscales o periodistas que, de repente, fueron «relegadas a la no existencia».
Mujeres que, cuando llegan a España, tienen que hacer un «reajuste de expectativas» porque es difícil que en el futuro más inmediato puedan retomar su vida profesional por las dificultades a la hora de homologar sus títulos, lo que las empuja, al menos en el corto plazo, a ocupar trabajos para los que están sobrecualificadas.
