Sevilla, 29 jun (EFE).- Unos setenta jefes de Estado o de Gobierno se reunirán a partir de mañana lunes en Sevilla en la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo, un encuentro que aspira movilizar más recursos en cooperación y reafirmar el compromiso con el multilateralismo y del que se ha descolgado EE.UU.

Todos los países de la ONU (193 miembros) estarán representados en esta cumbre, salvo Estados Unidos, que se ha borrado argumentando estar en desacuerdo con varios aspectos del documento final, entre otros los de género, la gestión de la deuda, el comercio internacional y la transferencia de tecnología.

Su ausencia fue comunicada hace una semana, antes del choque de Donald Trump con el presidente, Pedro Sánchez, anfitrión de la cumbre, a cuenta de la contribución de España a la OTAN, que rebaja al 2,1 % del PIB en lugar del 5% suscrito por todos los socios.
Entre los participantes en la cumbre, estará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, jefes de Estado o de Gobierno europeos como el de Francia, Estonia, Polonia y Portugal, también ha confirmado su asistencia Volodímir Zelenski (Ucrania); y otros líderes de Iberoamérica, África y Asia.
Además de líderes mundiales y 200 delegaciones oficiales de países miembros de la ONU y de organizaciones internacionales, Sevilla congregará a representantes de la sociedad civil. En total, hasta 12.000 asistentes, que también participarán en los más de 370 eventos paralelos que se han organizado.
Esta IV Conferencia (30 junio-3 julio), que se celebra por primera vez en un país europeo, arrancará a las diez de la mañana con la inauguración oficial en el Palacio de Exposiciones y Congresos por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y Pedro Sánchez, y en la que Felipe VI también intervendrá.
Previamente los reyes se entrevistarán este domingo con Guterres y ofrecerán después una cena de gala en el Real Alcázar, Patrimonio de la Humanidad y residencia oficial de los monarcas cuando visitan Sevilla.
Tras la inauguración, darán comienzo los trabajos con la aspiración de dar un empujón a los compromisos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible ya que sólo quedan cinco años para que venza el plazo.
La anterior Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo tuvo lugar en Addis Abeba (Etiopía) en 2015, el mismo año en el que la Asamblea General de la ONU adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Una oportunidad en tiempos revueltos para las relaciones internacionales
Al margen de los propósitos que se han marcado en materia de financiación, la Conferencia es una gran oportunidad, según fuentes del Gobierno, para comprometerse con el multilateralismo, cuestionado y atacado por países de peso como Estados Unidos, en estos tiempos revueltos para las relaciones internacionales.
Y en el caso concreto de la cooperación, la Administración Trump, que aportaba el 42 % de la ayuda humanitaria global, ha cancelado buena parte de sus programas de ayuda, pero no es el único país que ha anunciado recortes, también lo ha hecho Alemania para reconducir ese gasto a la defensa, lo que está generando preocupación en el ámbito de la cooperación.
En este nuevo encuentro, quedarán fuera de los debates la guerra en Gaza, la reciente escalada bélica entre Israel e Irán, en la que también ha intervenido Washington, o la guerra en Ucrania porque, según han precisado las fuentes, ese no es el objetivo de la reunión, aunque sus protagonistas, excepto Estados Unidos, sí estarán presentes.
Más allá de lo fructíferos que sean estos cuatro días, el Gobierno ya considera un avance el documento final de la conferencia, «el compromiso de Sevilla», porque aborda los instrumentos de financiación, cómo hacerlos más flexibles y de qué manera dar más margen fiscal a los países en desarrollo.
Plantea además mecanismos para movilizar más recursos con plataformas público privadas y aborda el problema de la deuda de los países en desarrollo, ya que casi la mitad de la humanidad (unos 3.300 millones de personas) vive en países que destinan más dinero al pago de la deuda que en salud o educación.
En este sentido, España defiende, entre otras cosas, aliviar el peso de la deuda y establecer mecanismos de suspensión ante desastres o crisis alimentarias, comprometerse con destinar el 0,7 % del PIB a la ayuda oficial al desarrollo, crear un sistema fiscal más justo y asegurar que las mujeres tengan más acceso a la financiación.