Madrid, 14 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid sienta este lunes en el banquillo a D.J.U.B., un tiktoker acusado de someter a dos chicas menores a conductas «vejatorias» y «denigrantes» por razón de su origen y su condición de mujeres para la elaboración y difusión de contenido para redes sociales.
La Fiscalía solicita un año y medio de prisión para el joven acusado de un delito contra la dignidad y otros dos contra la integridad moral por el contenido racista y machista que difundió.
Según el relato de la Fiscalía, D.J.U.B contactó con dos menores de edad con el fin de grabar sendos vídeos entrevistándolas para su cuenta de TikTok, para los cuales les indicó a ambas lo que debían decir.
Tras vencer cierta resistencia inicial de las menores, el encausado procedió entonces a grabar las entrevistas, a las cuales las dos jóvenes accedieron bajo la condición de que no serían publicadas.
Sin embargo, D.J.U.B -al que se investiga como titular del perfil en la red social TikTok con nombre de usuario @britotv1- publicó los vídeos, en los que sometió a una de las chicas a una situación «vejatoria» y «denigrante», tanto por su «condición de mujer como de persona de origen sudamericano que reside en España».
El vídeo había sido editado previamente a su publicación por parte del acusado para incluir rótulos en los que captaba la atención de otros usuarios al utilizar la nacionalidad de la víctima como gancho: “Boliviana se hace viral al asegurar que es 100% española y que no quiere saber nada de latinoamérica”.
La entrevista alcanzó gran difusión en diferentes plataformas, llegando a difundirse en medios de comunicación de su país de origen, por lo que la menor procedió a solicitar la retirada del vídeo, que el encausado no efectuó hasta pasados varios días de su viralización.
Si bien la entrevista a la otra joven no tuvo tanto alcance, el acusado la sometió a un trato «denigrante» por su condición de mujer.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide 3.600 euros de multa y que indemnice con 5.000 y 1.000 euros a las víctimas, además de la inhabilitación por seis años para profesión u oficio educativos. EFE
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