Manila, 19 mar (EFE).- La puesta en libertad provisional del expresidente filipino Rodrigo Duterte, en custodia de la Corte Penal Internacional (CPI) tras ser acusado de crímenes contra la humanidad, le permitirá intimidar a testigos, denunció este miércoles la abogada Kristina Conti, una de las representantes de las familias de las víctimas de la guerra contra las drogas.
“No estamos de acuerdo con eso porque supone un riesgo para la seguridad, no sólo de las víctimas en general, sino para testigos específicos”, afirmó en una entrevista telefónica a EFE la letrada, miembro de la Unión Nacional de Abogados por el Pueblo (NUPL) que apoyó la denuncia de Duterte ante la CPI.
“Estamos hablando de testigos internos. Estos serían sus antiguos compinches, sus antiguos subordinados”, añadió Conti.
Hace exactamente una semana, Duterte fue arrestado en Filipinas y trasladado a La Haya después de que la CPI ordenara su detención al acusarlo del crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su guerra contra las drogas.
Duterte compareció el pasado viernes ante la CPI, una sesión en la que se le informó de sus derechos y del crimen del que se le acusa, antes del comienzo oficial del juicio el próximo 23 de septiembre.
El expresidente fue informado entonces de su derecho a presentar una solicitud de libertad provisional a la espera de juicio, aunque Conti afirmó que la posibilidad de que la CPI le libere de su custodia es “poco probable”.
“Ningún acusado de alguno de los cuatro crímenes mayores del tribunal, incluidos los crímenes contra la humanidad, ha sido puesto en libertad, así que es poco probable por jurisprudencia”, dijo.
Durante el mandato de Duterte (2016-2022) murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según cifras de la Policía, aunque ONG locales elevan la cifra hasta las 30.000.
El expresidente retiró a Filipinas de la CPI en 2019 para evitar ser implicado en una investigación sobre la guerra contra las drogas que lanzó durante su mandato. Sin embargo, el tribunal consideró que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro del organismo.
