Miami, 19 ago (EFE).- El salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado en marzo a El Salvador por «error» de Estados Unidos, presentó este martes una moción para frenar su juicio criminal en Tennessee, donde ahora está detenido, con el argumento que es una «persecución vengativa» de la Administración de Donald Trump.
La defensa del migrante citó declaraciones del presidente Trump, la fiscal general, Pam Bondi, y otros funcionarios que demuestran, según los abogados, que el salvadoreño retornó el 6 de junio para afrontar cargos criminales como consecuencia de su búsqueda de un debido proceso.
«El Gobierno de EE.UU. se ha centrado en Kilmar Ábrego García. Es obvio por qué. Y no es por la seriedad de su presunta conducta ni por representar una amenaza única para este país. En vez de eso, al Sr. Ábrego lo imputaron porque se negó a ceder a la violación del Gobierno de su derecho al debido proceso», escribió la defensa.
El salvadoreño pasó casi tres meses en una prisión en El Salvador «por error» del Gobierno estadounidense, que lo trajo de vuelta para detenerlo en Nashville, Tennessee, y enjuiciarlo por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de EE.UU.
Los abogados argumentan que el Gobierno de Trump ha emprendido este proceso judicial por exponer el «error» de la Administración de Trump de enviarlo a El Salvador a pesar de tener un estatus que lo protegía de la deportación y de las órdenes de la Corte Suprema y la jueza de Maryland que concluyeron que su deportación fue ilegal.
«Los pronunciamientos públicos inéditos que atacan al Sr. Ábrego por su exitoso ejercicio de derechos constitucionales de parte de altos funcionarios del gabinete, líderes del DOJ (Departamento de Justicia), e incluso el presidente de Estados Unidos hacen de este un caso en el que la venganza está clara», sostuvieron.
De hecho, el juez Waverly Crenshaw ordenó en julio al Gobierno de Trump moderar los comentarios públicos contra el migrante salvadoreño para «garantizar un juicio justo».
Los abogados de Ábrego, quien ha vivido por más de una década en Maryland junto a su esposa e hijos, se quejaron entonces ante el juez por los comentarios «incendiarios» que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho sobre el salvadoreño.
Con ello, la defensa busca mostrar un sesgo del Gobierno contra el salvadoreño, cuyo caso se ha convertido en emblemático para defensores de migrantes en Estados Unidos que acusan a la Administración de Trump de ignorar órdenes judiciales para concretar su campaña de deportaciones masivas.
Ábrego García también pidió ahora a la corte de Tennessee que le permita regresar con libertad a Maryland, aunque el juez Crenshaw programó para enero de 2026 su juicio por tráfico de personas.
