San José, 20 mar (EFE).- La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ordenó este jueves la apertura de una nueva investigación contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, por supuesta beligerancia política, con lo cual ya suma tres procesos de este tipo en trámite.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) explicó este jueves en un comunicado que la Sección Especializada trasladó varias denuncias de ciudadanos a la Inspección Electoral de la entidad, lo que se considera una orden para que se abra la investigación preliminar por beligerancia política.
Estas nuevas denuncias señalan que el mandatario ha hecho manifestaciones en distintos actos públicos que “aluden a la imagen de un jaguar, presente también en la divisa de un partido político en proceso de inscripción”.
El jaguar es un felino al que el presidente ha mencionado públicamente en repetidas ocasiones durante su Gobierno, especialmente para referirse a la economía del país y a sus seguidores.
Chaves también bautizó como Ley Jaguar a una iniciativa de referéndum que pretendía reducir las competencias de fiscalización de fondos públicos a la Contraloría General de la República y que el año pasado fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional.
Distintivos, banderas y camisetas con figuras del jaguar también estuvieron presentes en una marcha organizada el pasado martes por grupos afines al Gobierno, y en la que participó Chaves y su gabinete. En la concentración, el mandatario pidió la renuncia del fiscal general Carlo Díaz y lanzó críticas al Poder Judicial y al Legislativo.
Las otras dos investigaciones por beligerancia política contra el mandatario fueron ordenadas el 6 y el 14 de marzo, a raíz de denuncias de ciudadanos.
La primera tiene que ver con declaraciones del presidente en las conferencias de prensa del 4 de diciembre de 2024, y del 22, 29 y 30 de enero de 2025, así como en una cadena de televisión del 8 de diciembre de 2024.
La segunda, hace referencia a declaraciones del presidente Chaves en un discurso durante el acto inaugural del curso lectivo 2025 a inicios de febrero pasado.
En Costa Rica diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político, y de participar en discusiones o actividades político-electorales.
La ley costarricense indica que el TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años, a los funcionarios cuando sus actos contravengan las prohibiciones.
Durante sus conferencias de prensa semanales y en actos oficiales del Gobierno, es común que el presidente Chaves descalifique a los partidos de oposición, diputados, al fiscal general, a jueces y otros funcionarios, y también suele referirse a lo que él considera necesario para las elecciones de 2026: la elección de una mayoría calificada de diputados para algún partido.
Costa Rica, país donde está prohibida la reelección presidencial consecutiva, celebrará el 1 de febrero de 2026 las elecciones para elegir al presidente y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030.
