Madrid, 30 ago (EFE).- La necesidad de conjugar el derecho a la accesibilidad con la protección del patrimonio ha derivado en una queja del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que exige que se intervenga en el Palacio del Congreso al considerar que no es totalmente accesible.
En el punto de mira de esta asociación está la tribuna de oradores del hemiciclo, lugar emblemático de la Cámara ya que es desde donde el presidente del Gobierno y sus ministros, el líder de la oposición y el resto de diputados dan sus discursos.
De ella no pueden hacer uso personas con movilidad reducida, denuncia el CERMI, que acusa al Congreso de no haber adoptado soluciones que doten de accesibilidad universal a este espacio y otros de la cámara.
Saldar la «deuda pendiente»
Sostiene además que se vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución y se viola el derecho a la participación política de las personas con discapacidad, al haber diputados que por este motivo no han podido hacer uso de la tribuna de oradores.
Sus demandas se dirigen a la presidencia y a la Mesa de la Cámara para que acometan los proyectos disponibles que proporcionen accesibilidad al salón de plenos, saldando así la «deuda pendiente con los derechos de las personas con discapacidad».
Un hemiciclo accesible con alternativas
Desde el Congreso recuerdan que estamos ante un edificio histórico, protegido, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1977. Ello hace complicado acometer determinadas obras.
No obstante, remarcan que tanto el salón de sesiones o hemiciclo como el resto del edificio son accesibles, tras una serie de intervenciones que se comenzaron cuando la presidencia de la Cámara la ocupaba Manuel Marín.
«Todos los accesos, las salas, las tribunas, las comisiones, son accesibles…incluso en el hemiciclo está habilitada una zona para el acceso a los escaños», añaden las fuentes consultadas.
Se garantiza que los oradores, también las personas que tienen algún tipo de discapacidad, puedan intervenir, votar, etc. La única zona a la que no pueden subir, reconocen, es la tribuna, pero ello no significa que no puedan ejercer sus derechos como diputados.
Sistema mecánico oculto
El proyecto disponible al que alude el CERMI y cuya ejecución demanda es un estudio que se elaboró en 2020.
Aunque en principio fue aprobado, las dudas sobre la afectación a la estructura del hemiciclo que pudiera generar el mecanismo que se preveía instalar hizo que las obras no se realizaran.
Se trataba de un sistema mecánico «oculto» (una escalera) que permitiera elevar a la persona con movilidad reducida al nivel de la bancada, previo desplazamiento en vertical de los tres peldaños actuales de acceso y del espacio horizontal que conduce al escaño.
«Como en todos los edificios históricos hay que garantizar la accesibilidad dando alternativas, que es lo que se ha hecho», insisten desde la Cámara Baja.
La tribuna que usó Pablo Echenique
Recuerdan que en los casos que ha habido diputados con sillas de ruedas o hablaban desde su escaño, situado en la fila superior del hemiciclo -a la que pueden acceder sin problema-, o desde una tribuna añadida «ex profeso», debajo de la habitual.
A ella recurrieron en pasadas legislaturas los exdiputados del PP con movilidad reducida Paco Vañó e Ignacio Tremiño y el que fuera portavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique.
En busca de la proporcionalidad
El salón de plenos del Congreso está altamente protegido por su valor histórico y artístico, de modo que cualquier obra en su interior debe contar con el aval de los arquitectos del Congreso y del Ministerio de Cultura tras exhaustivos informes.
En casos como el de este inmueble, cuando hay que colocar una pequeña rampa sobrepuesta removible en una zona de acceso que no presente ningún tipo de afectación, se puede hacer directamente, con el visto bueno de los primeros, pero si la obra va más allá hay que contar con los segundos.
«Hay que buscar la proporcionalidad, tener en cuenta los valores históricos pero también la obligatoriedad de la accesibilidad», explica el director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional, Luis Pérez.
Este organismo tiene experiencia en encajar este puzzle después de adaptar los espacios que conforman los Reales Sitios, como el Monasterio de El Escorial, donde la actuación no fue nada fácil.
Se buscan siempre, asegura, alternativas, pero si hay que hacer una modificación de la estructura «importantísima» igual hay que buscar otras vías.
Lo que dice la ley
En el ámbito legislativo también se refleja la doble necesidad de proteger y hacer accesible un espacio de estas características. Por un lado, recuerda Pérez, el Código Técnico de la Edificación (2006) regula específicamente la accesibilidad, definiendo las pendientes que deben tener, por ejemplo, las rampas.
A él se unen el Real Decreto 1/2013, de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, y el más reciente 193/2023, que establece que en los bienes BIC -como es el caso- no impedirán por sí mismos la realización de actuaciones de accesibilidad, siempre que no se vean alteradas las características que motivaron su protección.
El caso extremo de Altamira
Si una escalinata -pone como ejemplo- fue reconocida como elemento singular cuando el edificio o espacio obtuvo dicha protección y las obras para la accesibilidad la alteran, entonces no se puede acometer.
La clave, subraya este experto, está siempre en los ajustes razonables, que permitan casar ambos intereses.
Y a veces la protección, para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de un espacio de gran valor cultural, puede llegar incluso a crear un «gemelo», como ha sucedido en Altamira. EFE
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