Quito, 7 jul (EFE).- El colectivo Yasunidos presentó este lunes una acción de amparo contra el Ejecutivo ecuatoriano y la fundación estadounidense ‘Come to the Rainforest’ por, presuntamente, haber intentado establecer un contacto forzoso con los Tagaeri y Taromenane, comunidades indígenas en aislamiento voluntario en la Amazonía de Ecuador.
La agrupación de defensa de los derechos de los pueblos originarios y del medioambiente recordó en una rueda de prensa que estos pueblos están protegidos por el artículo 57 de la Constitución de Ecuador y que cualquier intento de acercamiento podría constituir un delito de «etnocidio».
«La misma Corte Constitucional del Ecuador ha reconocido la importancia del principio de no contacto y ha reconocido también la autodeterminación», explicó Pedro Bermeo, representante del colectivo Yasunidos, integrado por un total de 12 entidades aliadas.
‘Come to the Rainforest’ es una organización liderada por la estadounidense Karen Duffy, que opera en la región amazónica ecuatoriana desde 2010 con iniciativas vinculadas al ‘ecoturismo’, la enseñanza y proyectos orientados a cubrir «necesidades básicas» de pueblos indígenas, según su portal web.
Ya en abril pasado, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe) denunciaba en un comunicado publicaciones atribuidas a la fundación extranjera en redes sociales, donde anunciaba acciones de diálogo para establecer un «contacto pacífico» con estas comunidades mediante «interacciones e intercambio de recursos».
«Es importante recordar que el simple hecho de que alguien se acerque a estos pueblos puede significar el contagio de enfermedades comunes, como una gripe que podría exterminar con toda la comunidad, con toda la población, al no encontrarse con las defensas, con la inmunidad que tenemos», advirtió Bermeo.
Recalcó «la vulnerabilidad» en la que se encuentran estas comunidades originarias y citó como ejemplo el «intento de evangelización» que trató de realizar el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) «en los años 60».
«Una fundación nuevamente intenta hacer exactamente lo mismo que intentó hacer el ILV: evangelizar a estos pueblos, contactar a estos pueblos, civilizar entre comillas a estos pueblos, violando flagrantemente sus derechos y poniendo en evidente riesgo su vida», denunció.
En ese sentido, Danilo Caicedo, uno de los abogados aliados a Yasunidos, resaltó la necesidad de «que el Estado cumpla con sus obligaciones de protección, obligaciones que están previstas en la Constitución del Ecuador y en instrumentos internacionales».
El jurista anunció la presentación de «diversos tipos de prueba» para respaldar la demanda, entre ellas «entrevistas realizadas por la gente de ‘Come to the Rainforest’, en la que manifiestan de que su intención es clara: un contacto con fines evangelizadores», dijo.
En esa línea, desde la vía judicial, Yasunidos presentó esta acción de amparo con el objetivo de que se «investigue esta fundación y a sus miembros», así como que la Fiscalía determine si se pudo haber cometido un delito de etnocidio.
