Madrid, 16 mar (EFE).- La nueva representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en España, Grainne O’Hara, pide a este país establecer más vías legales y seguras para los migrantes -sobre todo, laborales- para evitar que muchos se vean abocados a realizar peligrosos viajes, que en muchos casos acaban con su vida.
La máxima responsable del organismo internacional en España, que el pasado mes de noviembre relevó a Sophie Muller, se ha referido así en una entrevista con la Agencia EFE a la ruta canaria, considerada una de las más peligrosas del mundo.
Un total de 46.843 migrantes llegaron por ella a España el pasado año, según datos de Interior, y 9.757 murieron intentándolo, de acuerdo al recuento que realiza la ONG Caminando Fronteras.
Ante este reto humanitario, Grainne O’Hara defiende que, ya que España cuenta con una política nacional que reconoce la necesidad de incorporar trabajadores migrantes a su mercado laboral, debe buscar las vías legales oportunas para ofrecer esta posibilidad a gente que tiene “cualificación y habilidades” para trabajar en España.
Todo ello como alternativa a “viajes peligrosos, realizados de manera irregular, muchos de los cuales terminan, lamentablemente, en la pérdida de vidas”.
“No puede ser que las únicas vías que ven algunas personas para llegar a un punto de seguridad es en manos de criminales que los están explotando, robando dinero y abusando de la confianza de la gente, deben existir más vías legales”, reclama.
En este sentido, valora positivamente que España cuente con algunas de estas alternativas para los refugiados, como la del reasentamiento o la posibilidad de pedir asilo desde un tercer país a través de las embajadas.
Pero asegura que no son suficientes para la demanda que hay, ya que, en el primer caso, se trata de un número limitado de plazas -1.200 para 2025- y la vía de las embajadas solo funciona para circunstancias muy concretas, como la reagrupación familiar.
Un sistema de asilo presionado pero no colapsado
El sistema de asilo en España es el tercero que más peticiones recibe de la Unión Europea y presenta graves problemas para acceder a él -resulta muy difícil conseguir una cita- y para obtener respuesta: según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), hay más de 242.000 peticiones pendientes de resolución.
Preguntada por estas barreras, O’Hara defiende que el sistema de asilo español tiene “presiones” porque “hay más demanda que capacidad” y se forma un “cuello de botella” a la hora de atender las solicitudes, pero niega que se pueda hablar de “colapso”.
E incide en que el personal de ACNUR presente en territorios como Canarias o Ceuta trabajan “mano a mano” con la Policía, el Gobierno y otros actores implicados en su “esfuerzo” para dar prioridad a los casos más urgentes, con el objetivo de que se resuelvan lo más rápido posible.
Entidades como CEAR también cuestionan la baja tasa de reconocimiento de protección internacional en España, de un 18,5 % frente a una media del 42 % de la UE, teniendo en cuenta los estatus de refugiado y de protección subsidiaria, los más garantistas.
Sin embargo O’Hara considera que, el “complejo” sistema de asilo español, consigue, a través de varias figuras -estatus de refugiado, protección subsidiaria, autorización por razones humanitarias y protección temporal- atender las “necesidades, esperanzas y urgencias” de una “enorme variedad de nacionalidades”.
Posibles efectos adversos del nuevo reglamento de extranjería
El pasado mes de noviembre, el Gobierno aprobó un nuevo reglamento de extranjería que supondrá más facilidades para conseguir los papeles a los extranjeros que viven en España a través del mecanismo del arraigo.
Pero también establece que el tiempo que una persona ha pasado en España esperando a que se resuelva su petición de protección internacional no contará como periodo de residencia a la hora de pedir el arraigo, una medida que busca despejar el sistema de asilo para quienes realmente lo necesitan y que ha llevado a ONG como Cáritas o CEAR a recurrir el reglamento ante el Tribunal Supremo.
Sobre estos posibles efectos adversos, O’Hara ha señalado que desde Acnur desconocen aún los detalles de la aplicación del texto, que entrará en vigor el 20 de mayo, por lo que ha pedido reunirse con la entidades para entender sus preocupaciones.
En cualquier caso, la representante cree que este nuevo marco puede tener un “impacto positivo” en muchas personas -el Gobierno calcula que permitirá regularizar a unas 900.000 personas en tres años- por su refuerzo del mecanismo del arraigo, que, recalca, “no se ofrece en todos los países de Europa”.
“Esperamos que también este reglamento pueda tener un efecto positivo, en el sentido de que tal vez sirve a las necesidades de cierto perfil y de gente que no deben o no necesitan estar en el sistema de asilo”, señala.
Sin miedo al pacto migratorio europeo
El pacto migratorio europeo, aprobado el año pasado, debe implementarse en España hasta el verano de 2026, lo que supondrá grandes cambios en el marco legislativo sobre extranjería y asilo, y las ONG temen que esto se traduzca en un retroceso en los derechos de los migrantes y solicitantes de protección internacional.
A este respecto, la representante de ACNUR en España ha puesto en valor este pacto, “complejo y ambicioso”, alcanzado tras varios años de negociación con el objetivo de lograr mayor homogeneidad en el conjunto de la UE, con “sistemas comparables” y unos “estándares mínimos”.
“Pero cada país tiene, dentro de su soberanía, la posibilidad de determinar cómo va a manejar los detalles de su sistema nacional de asilo y la política española actual es bastante inclusiva, generosa y positiva… yo no tengo tanto temor de que, solo por existir el pacto, (el sistema) va a ser más cerrado o los estándares van a ser más estrictos, porque cada país tiene cierta flexibilidad”, analiza. EFE
Laura López
