Yakarta, 17 mar (EFE).- Un grupo de activistas indonesios y de ONG se opusieron este lunes a la propuesta del Gobierno del exgeneral Prabowo Subianto de revisar una ley para permitir un mayor acceso de militares a puestos gubernamentales, tras años de desmilitarización de las instituciones de la tercera mayor democracia del mundo.

“El Ejército está entrenado, educado y preparado para la guerra, no para funciones al margen de defensa en puestos civiles”, subraya una declaración firmada este lunes por una coalición de activistas, organizaciones civiles indonesias y ONG, entre ellas Amnistía Internacional y Transparencia Internacional.
El texto se opone a la propuesta del Gobierno del exgeneral Prabowo Subianto de revisar una ley militar de 2004 para ampliar el acceso de militares en activo a puestos gubernamentales civiles, enmienda que se espera sea aprobada este mes.
La propuesta, presentada el pasado martes ante un comité parlamentario, aboga por añadir seis organismos, entre ellos ministerios y agencias gubernamentales, a los diez en los que actualmente se permite que militares en activo adopten puestos civiles.
Entre ellos se incluye la agencia antiterrorismo, el servicio de guardacostas o la oficina del fiscal general, que se sumarían al ministerio de Defensa, la agencia nacional antinarcóticos y el Tribunal Supremo, entre otros ya aprobados por ley.
Los activistas criticaron también hoy la decisión del Parlamento indonesio de discutir “en secreto” los cambios en una reunión a puerta cerrada en un hotel de Yakarta este fin de semana, y de acelerar el proceso para aprobar la enmienda.
Asimismo, advirtieron de que la revisión concederá “funciones duales” al Ejército, una doctrina de la era del dictador Suharto, acusado de graves violaciones de derechos humanos durante su mandato (1967-1998).
“La expansión de nombramientos de miembros activos del Ejército en puestos civiles desprofesionaliza las fuerzas armadas y puede crear problemas”, alertaron los activistas.
Yerno del fallecido Suharto, Prabowo Subianto, de 73 años, ganó las elecciones del pasado año tras lavar su imagen en una campaña favorecida por el apoyo de su predecesor, el popular Joko Widodo.
Acusado hace décadas de violaciones de derechos humanos, su elección supuso el regreso de un dirigente con perfil militar a Indonesia tras la excepción de Widodo, el único mandatario del archipiélago que no provenía de los círculos tradicionales del poder y que gobernó durante una década con una elevada aceptación popular.
El archipiélago de más de 17.000 islas y más de 280 millones de habitantes quedó así en el siguiente quinquenio bajo control de Prabowo, acusado de ser el máximo responsable del secuestro y tortura de opositores al régimen de Suharto, durante cuyo mandato se produjo la invasión indonesia de Timor Oriental (1975), en la que murieron unos 200.000 timorenses, según grupos defensores de los derechos humanos. EFE
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