San Salvador, 13 ago (EFE).- El director de la organización humanitaria Cristosal, Noah Bullock, señaló este miércoles que existe un interés de la Administración de Donal Trump en Estados Unidos de «negar violaciones a derechos humanos» en las cárceles salvadoreñas por el contrato entre ambos países que permitió el encarcelamiento de venezolanos en el país centroamericano.
«El Departamento de Estado tiene interés en negar las violaciones de derechos humanos en las cárceles salvadoreñas porque el sistema penitenciario de El Salvador -acusado de ser responsable de violaciones masivas a los derechos humanos- estaba bajo contrato con el Gobierno de los Estados Unidos», apuntó Bullock en declaraciones compartidas a la prensa.
El director de Cristosal opinó, en reacción al informe anual de derechos humanos publicado el martes por Estados Unidos, que dicho acuerdo «derivó en la detención arbitraria y desaparición forzada de cientos de migrantes, muchos de los cuales, tras su reciente liberación, han denunciado actos de tortura durante su reclusión».
Un grupo de más de 200 venezolanos fueron expulsados desde Estados Unidos y enviados a El Salvador, donde permanecieron en la megacárcel para pandilleros, conocido como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de formar parte de la banda transnacional del Tren de Aragua.
La Administración de Trump eliminó críticas a El Salvador, Israel y Rusia en su informe anual sobre derechos humanos, mientras intensificó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica, países considerados rivales del nuevo Gobierno.
El informe correspondiente a 2024, divulgado con varios meses de retraso, se enfoca en supuestas restricciones a la libertad de expresión tanto en países aliados como en adversarios, omitiendo secciones habituales de años anteriores como las dedicadas a corrupción y derechos del colectivo LGTBIQ+.
Sobre El Salvador, el Departamento de Estado afirma que «no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos», a diferencia del informe de 2023 bajo Joe Biden, que sí reportó casos de tortura y malas condiciones penitenciarias.
Hallazgos «contradictorios»
Para Bullock, «el resumen ejecutivo presenta dos hallazgos contradictorios: que no hubo informes creíbles de violaciones a los derechos humanos y, al mismo tiempo, que sí hubo acciones creíbles para identificar y sancionar a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos».
Explicó que «ninguno de estos hallazgos está respaldado por la realidad», dado que Cristosal ha presentado «pruebas testimoniales, documentales y forenses de tortura sistemática en las prisiones, la cual ha causado la muerte de al menos 400 personas, y creemos que la cifra real de fallecimientos es mucho mayor».
«No existe constancia pública de que algún funcionario haya sido sancionado por estos crímenes», lamentó.
Celia Medrano, quien es excandidata a presidir la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso en declaraciones compartidas a EFE que el Gobierno de Trump actualmente «se ve francamente cuestionado en su propia casa sobre el respeto a principios democráticos y de derechos humanos».
«Su autoridad como modelo en la garantía de estos principios para el mundo vuelve a ser cuestionada», apuntó y añadió que para el departamento de Estado «no es realmente importante si se violan derechos humanos en un país, sino que es más importante si el gobierno del país que se evalúa responde a los intereses de Estados Unidos o no».
