Málaga, 3 jun (EFE).- Seis procesados integrantes de una trama que extorsionaba a personas en España con ayuda de funcionarios en Rusia han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Málaga, que les ha rebajado sustancialmente las penas.
Los procesados han admitido este martes durante el juicio, celebrado en la Audiencia de Málaga, pertenecer a una organización criminal asentada en la administración rusa con proyección internacional y compuesta por altos funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia de Rusia dedicada a «fabricar» causas penales para extorsionar a personas de alto poder adquisitivo en España.
Todos los acusados han reconocido el delito de pertenencia a organización criminal. Algunos, además, han admitido ser autores de delitos de extorsión, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Entre los procesados está la persona de confianza en España de la organización rusa, el hombre que la lideraba en el territorio español y el que articulaba los mecanismos y artificios técnicos y telemáticos para la localización de la víctima a partir de su número de teléfono.
El fiscal ha pedido que este acusado sea condenado a una pena total de ocho años de prisión por tres delitos de extorsión y pertenencía a organización criminal.
La red implicaba falsamente a personas en procedimientos penales y les exigía grandes cantidades de dinero con la amenaza de llevar tales procedimientos hasta el final de sus consecuencias, como es el ingreso en prisión en Rusia.
Para ello abrían incluso procedimiento penal en Rusia, donde se les exigía dinero a las víctimas, a las que se advertía que iban a ser detenidas (en algún caso se materializó) y extraditadas en virtud de una orden internacional de detención (OID).
En alguna ocasión se llegó a desplazar desde Rusia algún enviado para cobrar las cantidades acordadas en las extorsiones, y uno de ellos se encuentra entre los acusados.
A algunas de las víctimas se les decía que, si pagaban, la causa se archivaría a través del fiscal general adjunto de la Federación de Rusia, según se desprende de las investigaciones.
La acusación pública pide que el resto de acusados sean condenados a penas que oscilan entre los siete meses de prisión a ocho años de cárcel, así como multas que superan los cuatro millones de euros para varios de los imputados.
Durante el juicio, algunos abogados ya han adelantado que iban a pedir la suspensión de la condena de sus clientes, pero el magistrado presidente les ha advertido de que tenían que esperar unos díez días para que se dictara la sentencia y además ha subrayado que los delitos eran muy graves y las consecuencias derivadas de los mismos también, por lo que ha incidido en que si piden un beneficio, «hay que aportar un abono de las consecuencias y restaurar el mal causado».
Detenciones orquestadas desde Rusia
Los investigadores han comprobado que se llegó a detener el 16 de agosto de 2018 a un ciudadano, natural de Kaunas (Lituania), en el marco de una orden internacional de detención dictada en un procedimiento de extradición por el Tribunal de Twerskoy de Moscú, «causa penal abierta falazmente contra él», y debido a ello se le retuvo en España en prisión hasta el 17 de septiembre de 2018.
Para solucionar «el procedimiento penal» le exigieron un millón de euros, cantidad que posteriormente fue rebajada a 500.000 euros a cambio de «archivar» el caso, aunque se celebraron cuatro reuniones antes de llegar al acuerdo. El fiscal mantiene que para generar «más presión» en dicha extorsión se trasladó a España un equipo de investigación de la causa abierta falazmente.
Entre las personas que se desplazaron a España figuran dos funcionarios del Departamento de Investigación FSB de Moscú y dos policías de un departamento de investigación criminal (GUUR), quienes, bajo la supervisión de la Guardia Civil, vinieron a analizar la información de dos teléfonos móviles intervenidos en la detención de un particular.
El ‘modus operandi’
Lo primero que hacían los acusados era seleccionar a sus futuras víctimas, todas ellas con perfil público, reconocida solvencia económica y conexión con actividades de dudosa legalidad susceptibles de originar un procedimiento penal.
Para ello realizaban la recopilación «de una ingente y comprometida información» de carácter personal, público y profesional, para constituir una «verdadera radiografía de la víctima», lo que les proporcionaba los datos necesarios en que sustentar y llevar a cabo la amenaza, así como el montante económico a exigir.
Entre las víctimas buscaban a personas con posiciones privilegiadas en la lista Forbes, con colecciones de arte de incalculable valor, negocios relacionados con el petróleo, incluso con una expolítica rusa miembro durante varios años de la Asamblea Legislativa de San Peterburso e hija de un amigo cercano de Vladimir Putin. También formaba parte de esta lista el hombre más rico de Rusia en 2013, con una fortuna en dicho año de alrededor de 500 millones de dólares.
Entre los procesados, los principales residentes en Marbella, se encuentra la persona que supuestamente lideraba la organización en España, su esposa (de nacionalidad alemana aunque nacida en Ucrania) e hijo, así como varias personas, algunas con antecedentes penales.
El líder de la trama
Al acusado de liderar la organización en España se le han conocido hasta ocho identidades diferentes y ha sido detenido en el pasado en cinco ocasiones por detención ilegal, prostitución, falsedad, estafa o fraude. Los hechos por los que se le investiga ahora son constitutivos de delito de organización criminal, extorsión, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Sobre la situación procesal de los funcionarios rusos y el hecho de que no hayan sido imputados en la causa, otras fuentes jurídicas especializadas en redes criminales internacionales han apuntado a EFE que «probablemente se debe a que las autoridades rusas no habrían colaborado» en el procedimiento y no se habría logrado su extradición a España.
