Acusados de Púnica relatan las «presiones» de un exalcalde del PP para cobrar una comisión

Imagen del inicio en la Audiencia Nacional del juicio por la pieza de la trama de corrupción Púnica que afecta a la empresa Cofely y en la que se juzga, entre otras personas, a ocho exalcaldes de localidades madrileñas, la mayor parte de ellos del PP, el pasado día 7 en San Fernando de Henares (Madrid). EFE/ Fernando Villar. POOL

Madrid, 5 jun (EFE).- Dos acusados del caso Púnica han relatado en el juicio las presiones realizadas por el que fuera alcalde del PP de Collado Villalba (Madrid) Agustín Juárez para cobrar 400.000 euros en distintas entregas en metálico como comisión para que el Ayuntamiento adjudicara a la empresa Cofely un contrato de servicios energéticos.

La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves la vista por la pieza de Cofely de esta trama en la que se sientan en el banquillo 36 procesados, entre ellos nueve exalcaldes acusados por adjudicaciones a esta empresa multinacional a cambio de dádivas y comisiones entre 2012 y 2014.

Quince acusados han pactado con la Fiscalía confesar los hechos a cambio de ser condenados a penas menores, entre ellos los exalcaldes de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas (del PP), Parla José María Fraile (PSOE) y Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández (Unión Democrática Madrileña -UDMA-).

Igualmente ha pactado con la Fiscalía el acusado David Marjaliza, un empresario de la construcción arrepentido que Cofely contrató como asesor comercial para que actuara como ‘conseguidor’ de contratos públicos, que fue socio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el Gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.

También se sientan en el banquillo otros seis exalcaldes del PP, que no reconocen los delitos por los que están acusados.

En concreto, José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).

Este jueves han declarado dos acusados que han pactado con la Fiscalía confesar los hechos a cambio de reducir sus condenas, Manuel C.C., propietario de una gestoría que durante años asesoró a Agustín Juárez en sus empresas, y Víctor O.M., que era director de un periódico digital local.

La Fiscalía les acusa de intermediar entre Cofely y el alcalde en las negociaciones para la citada comisión y pide que sean condenados a seis años y a cuatro años y cinco meses de prisión, respectivamente.

Han confesado que Agustín Juárez pidió inicialmente una comisión de entre 500.000 y 600.000 euros para adjudicar el contrato a Cofely, que finalmente quedó en 400.000 a pagar en distintas entregas de unos 35.000 euros en metálico.

Manuel C.C. ha relatado que Víctor O.M. dejaba las bolsas y los sobres con entregas de dinero que realizaba Cofely en la oficina de su gestoría en Collado Villalba, donde lo recogía Agustín Juárez.

Víctor O.M. ha dicho que conocía a personas de Cofely y que accedió a intermediar porque en contrapartida el alcalde le dijo que adjudicaría al periódico un contrato de publicidad del Ayuntamiento por un total de 90.000 euros durante tres años en un momento en el que el medio tenía importantes deudas.

Ambos acusados han explicado que llegó un momento en el que Agustín Juárez se mostró descontento por el ritmo de las entregas de dinero.

«Manuel C.C. y Agustín Juárez me estaban presionando bastante y le trasladé esa presión a Pedro G.P. para que fuese consciente de que la cosa se estaba poniendo seria», ha relatado Víctor O.M..

Y Manuel C.C. ha recordado que por indicación de Agustín Juárez llamó a Pedro G.P. «para presionar con los pagos».

También han declarado los exalcaldes de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas, del PP, para quien la Fiscalía pide nueve años y seis meses de inhabilitación, y Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández, de UDMA, que se enfrenta a una petición 9 años y seis meses de prisión, que han confesado los hechos para ver reducidas sus condenas.

El primero, cuñado de Marjaliza, ha reconocido haber realizado gestiones que favorecieron la adjudicación a Cofely de un contrato de servicios energéticos pero estima que no perjudicó al ayuntamiento y ha asegurado que no se lucró por ello.

Y Antonio Sánchez ha confesado que por la adjudicación a Cofely Marjaliza le prometió un coche, que nunca recibió, y que le entregó 2.000 euros para un evento deportivo.