A Coruña, 6 mar (EFE).- Cuatro miembros de una familia acusados de trata de seres humanos en Narón (A Coruña) entre 2019 y 2023 han alegado este jueves que las mujeres prostituidas eran “voluntarias”, en un caso en el que la Fiscalía pide penas de hasta 101 años y tiene ramificaciones en Paraguay.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido el inicio del proceso contra un matrimonio, la hija de ambas y una cuñada, mientras que el resto de la familia fue detenida en Paraguay.
Regentaban dos pisos en Narón donde las mujeres, captadas en su mayoría en Latinoamérica, eran prostituidas y pagaban un porcentaje de lo que cobraban en concepto de “alquiler”.
“Yo trabajaba con ellas, subía sus anuncios y contestaba al teléfono. Con algunas me llevaba el 50 % de sus ingresos, a cambio, no pagaban alquiler, por eso ellas preferían”, ha dicho la principal acusada, para quien la Fiscalía pide 101 años de cárcel.
Llegó a tener en la cuenta más de 284.000 euros, aunque ha dicho que era porque los puteros le hacían a ella los ingresos, como “favor” a las mujeres prostituidas, ya que estas no tenían cuenta en España y luego les daba su parte en mano: “Lo hacía por hacer un favor a la persona, no sabía si era delito o no”, ha dicho
“A veces les compraba billetes para venir desde Paraguay porque querían traer a sus amigas. Me daban el dinero en mano y yo se los compraba, pero no tenían ninguna deuda conmigo”, ha continuado.
Según ella, eran las mujeres prostituidas quienes establecían el horario, incluso se iban del piso a otras ciudades y tiempo más tarde regresaban.
Su marido ha mantenido la misma versión y ha negado las conversaciones intervenidas que se refieren a deudas de las mujeres, a entrevistas para captarlas o al resto de cuestiones que forman parte de la acusación que, en su caso, solicita 81 años de prisión.
Preguntado por la cocaína incautada en los registros realizados en su momento, ha dicho que era suya, pues era consumidor.
“Tenían total y libre albedrío de hacer lo que ellas quisieran. No somos personas inhumanas”, ha concluido el único hombre acusado en este caso.
Las otras dos procesadas, para las que la Fiscalía solicita 91 y 21 años de prisión respectivamente, han insistido en la supuesta voluntariedad de las víctimas, que declararán la semana que viene como testigos protegidas.
