Bogotá, 25 ago (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió este lunes del «riesgo inminente» que tienen los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el departamento del Valle de Cauca (suroeste), por la posible confrontación entre los grupos armados que operan en esa región.
Esa institución detalló en un comunicado que «en estos territorios se configura un escenario de riesgo crítico debido a la confluencia y posible confrontación» entre el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.
Las autoridades colombianas atribuyeron al EMC el atentado ocurrido el jueves en Cali, capital del Valle del Cauca, que dejó siete víctimas mortales, según confirmó este lunes la Defensora del Pueblo, Iris Marín.
«Falleció una nueva víctima del atentado del jueves pasado, lo cual muestra la gravedad y que este fue un ataque dirigido en contra de la población civil y un crimen de guerra», declaró la funcionaria a los medios desde Cali, donde visitó a los heridos.
La defensora advirtió que se ha registrado una «evolución muy importante, muy seria, muy grave no solo en Cali, sino en la subregión del suroccidente».
Según explicó, las disputas de los grupos armados por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos «han derivado en un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados».
La presencia de estos grupos armados en la zona ha aumentado el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos y «afectaciones directas a comunidades indígenas, campesinas y urbanas».
Las comunidades también están expuestas a masacres y homicidios selectivos, así como se prevé «un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos rurales», según la Defensoría.
Ante esta situación, el organismo instó al Gobierno a reforzar la presencia y el control territorial; fortalecer las medidas de prevención y protección diferencial para los pueblos indígenas, la comunidad educativa, los niños, niñas y adolescentes, y ampliar la capacidad de respuesta humanitaria.
La Defensoría también llamó a la Fiscalía a «priorizar las investigaciones penales contra los máximos responsables de homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de artefactos explosivos, desplegando equipos móviles de investigación en terreno con enfoque en derechos humanos y género».
