Quito, 13 ago (EFE).- Afectados por contaminación con ‘mecheros’ (antorchas de gas asociado a la explotación petrolera) en la Amazonía de Ecuador presentaron este miércoles, ante la Corte Constitucional (CC), una demanda por incumplimiento de la sentencia, que obligaba su retiro por vulnerar los derechos de la naturaleza y de la salud de los residentes cercanos; algo que, según denuncian, todavía no ha sucedido.
«Es hora de decir basta. No nos vamos a quedar calladas», declaró a los medios de comunicación Leonela Moncayo, de 15 años de edad, una de las menores más activas en el caso y la encargada de portar en sus manos las 55 páginas de la demanda que entregaron en la Corte Constitucional (CC).
Este miércoles, ocho de las nueve menores que lideraron el inicio de esta lucha accedieron al interior de la sede de la CC, en Quito, ante la mirada de la prensa y de una treintena de ambientalistas que se acercaron a apoyar su iniciativa.
Las niñas fueron atendidas por el personal de seguridad y por los administrativos pertinentes, quienes recibieron la documentación. Una vez salieron del edificio, fueron recibidas entre aplausos, consignas y tambores por los activistas.
«El agua vale más que el oro», «Estamos muriendo por contaminación» o «El fuego de los mecheros es el grito de dolor de la Amazonía», fueron los lemas de algunas de las pancartas que portaron los activistas.
Cuatro años de espera
El 29 de julio de 2021, y tras judicializar el caso, la Corte Provincial de Sucumbíos (provincia amazónica) obligó al Estado ecuatoriano a eliminar los 447 ‘mecheros’ ubicados en diferentes provincias de la región amazónica.
Cuatro años después, y según explicó Moncayo, el número de antorchas ha incrementado presuntamente hasta 486, si bien la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador afirma que está en proceso de retirarlos paulatinamente.
Moncayo destacó la urgencia de tomar medidas efectivas porque las comunidades aledañas carecen de servicios esenciales como el acceso a agua potable no contaminada o a centros hospitalarios cercanos, denunció.
«Allá no tenemos hospitales y las personas con cáncer siguen sufriendo. Hoy en día ya hay más de 700 casos», continuó la joven.
Por otro lado, Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por Texaco (Udapt), aprovechó la rueda de prensa para subrayar que el responsable del incumplimiento de la sentencia es «únicamente el Gobierno ecuatoriano, no de la Corte».
Precisamente, el jefe de Estado, Daniel Noboa, lideró el martes una marcha en rechazo a las recientes suspensiones, por parte de la CC, de una veintena de artículos de tres polémicas leyes; una maniobra del presidente que ha sido cuestionada por organismos internacionales como Naciones Unidas y Amnistía Internacional.
«No permitamos que más gente siga falleciendo (…) hay mecheros que estaban en pozos más pequeños, lo que hicieron fue desviar el gas y poner un mechero más grande», especificó el abogado.
Fajardo además mencionó la necesidad de sancionar a los infractores y detalló que el 72 % de los casos de cáncer identificados en la Amazonía (con un índice superior a la media nacional) se corresponden con mujeres.
Ximena Vizcaíno, de la red de la iglesia católica en la Amazonía (Repam), declaró su apoyo a la lucha de estas niñas y comunidades que están siendo afectadas por «los mecheros de la muerte».
«Este caso no solo afecta a la región de Sucumbíos, Orellana o Napo, tenemos que tener en cuenta que la Amazonía pertenece a un gran bioma formado por millones de kilómetros cuadrados conectados por ríos, selvas, gran biodiversidad, y pueblos y culturas que la habitan» , sentenció.
