Madrid, 8 may (EFE).- La asociación de guardias civiles Jucil recurrirá y solicitará la suspensión de la instrucción del Ministerio del Interior a las fuerzas de seguridad del Estado para que no sancionen la tenencia y el consumo de drogas en el interior de un vehículo particular cuando esté estacionado y siempre que el estupefaciente no esté destinado a la venta.
Fuentes de la asociación mayoritaria entre los agentes de la Guardia Civil han señalado a EFE que su departamento jurídico está ultimando este recurso y que están analizando si se presentará finalmente por la vía judicial o ante el propio departamento dirigido por Fernando Grande-Mrlaska.
La instrucción conocida este miércoles y firmada un día antes por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha suscitado un rechazo unánime entre las asociaciones que representan a los guardias civiles y los sindicatos de la Policía Nacional que exigen la retirada de esa orden.
Un paso más ha anunciado este jueves Jucil al señalar en un comunicado que presentará de manera inminente un recurso contra esta orden y que en él pedirá la suspensión cautelar de la misma, pues considera que la medida es «un grave error legal», pues interpreta que la posesión o consumo de sustancias estupefacientes dentro de vehículos estacionados no se encuadra en ninguna infracción administrativa tipificada en la legislación vigente.
Desde Jucil se rechaza esta interpretación «extraordinariamente extensiva» del concepto de domicilio, al entender que no se ajusta al marco legal ni a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional.
Sindicato policial denuncia que Interior hace trampas
En esta misma línea, el sindicato policial Jupol acusa a Interior de «hacer trampas» con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Constitucional en la que se inspira la instrucción, lo que supone, denuncia, «un auténtico fraude legal y político, una maniobra que socava la seguridad jurídica».
Jupol asegura que en la sentencia del Supremo dictada en 1999, Interior «obvia intencionadamente» el fundamento de derecho esencial en el que se avala la intervención de los agentes en vehículos particulares, incluso si eso implica una cierta afectación a la privacidad, siempre que la actuación sea proporcionada, adecuada y justificada en aras de la seguridad ciudadana.
En la segunda sentencia citada en la instrucción también del Tribunal Supremo y emitida en 2013, Jupol considera que Interior «directamente omite un aspecto clave»: que la supuesta intromisión en la intimidad no fue realizada por agentes de la autoridad, sino por un particular. «Se trata de una manipulación burda e inaceptable», califica el sindicato.
Una tergiversación aún más grave, continúa Jupol, es el empleo de una sentencia del Tribunal Constitucional, pues los hechos enjuiciados «nada tienen que ver con vehículos ni con el consumo de drogas en los mismos».
La sentencia, asegura, se refiere a vigilancia mediante cámaras de seguridad privadas, por lo que no resulta aplicable de ningún modo a la casuística que pretende regular esta instrucción.
