San Salvador, 15 may (EFE).- Las agresiones contra los defensores de derechos humanos y periodistas en El Salvador se dispararon un 135 % en el 2024, frente al 2023, por una “mayor criminalización”, informaron este jueves integrantes de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, formada por varias organizaciones no gubernamentales.
Gabriela Colocho, de la organización Servicio Social Pasionista, indicó durante la presentación de un informe que este registro de agresiones es el “más alto” de los últimos cuatro años con 533 agresiones el año pasado, frente a las 226 agresiones de 2023.
“Es un registro que nos da mucha alerta, porque hay un aumento respecto al año anterior de 135,84 %” y que, a pesar que el 2024 se vio marcado por el contexto electoral, “nos sigue resultando un dato muy preocupante”, indicó Colocho.
Explicó que estas agresiones se distribuyeron en 403 casos, con 205 hombres afectados y 191 mujeres, mientras que 7 hechos fueron contra personas de la población LGTBIQ+.
Colocho detalló que el grupo más afectado fue el de periodistas con 347 casos y los 56 restantes fueron en su mayoría activistas del medioambiente y sindicalistas.
Los principales señalados de estas agresiones contra los defensores de derechos humanos son empleados públicos y funcionarios, seguidos de usuarios de redes sociales y desconocidos.
La mayoría de estos señalados, precisó Colocho, provienen de los cuerpos de seguridad, la Presidencia, la Asamblea Legislativa y ministerios del Ejecutivo.
“Las agresiones en el entorno físico han aumentado y hemos ido trascendiendo de un escenario narrativo a uno de mayor criminalización y que impacta el derecho a la integridad, libertad y vida de los defensores”, lamentó.
En los últimos meses, las fuerzas de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele han detenido al menos a tres defensores de derechos humanos.
Uno de ellos es trata de Fidel Zavala, detenido el 25 de febrero, quien estuvo detenido por más de un año y tras ser liberado denunció públicamente y ante la Fiscalía General tortura y otros tratos crueles e inhumanos en las cárceles salvadoreñas.
Esta semana, fueron detenidos el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, y un pastor evangélico y presidente de una cooperativa de campesinos, José Ángel Pérez.
Estas detenciones se dieron tras una concentración la noche del lunes en las cercanías de la exclusiva residencia donde vive el presidente Bukele para pedir su ayuda ante un desalojo por orden judicial, pero fueron intervenidos por policías antidisturbios y la Policía Militar.
En respuesta, Bukele anunció que enviaría al Congreso una Ley de Agentes Extranjeros para cobrarle un impuesto del 30% a las donaciones de las organizaciones sociales, porque las personas fueron “manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas”, dijo sin presentar pruebas.
