Madrid, 31 ago (EFE).- El sector agroalimentario encara un nuevo curso con la vista puesta en proyectos legislativos concretos como la comprometida ley de agricultura familiar, pero también la normativa que desarrollará la flexibilización de la PAC y en áreas como el aceite de oliva y la reducción de la jornada laboral.
Sin duda, una de las grandes leyes que tiene que ver la luz próximamente es dicha normativa sobre agricultura familiar, un compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y una reclamación sectorial.
El Departamento que dirige Luis Planas cerró el 3 de abril la consulta pública previa del proyecto de ley.
Según recoge el documento, consultado por Efeagro, esta ley pretenderá apoyar el papel estratégico de la agricultura familiar en el desarrollo socioeconómico y medioambiental del medio rural.
La norma prevé priorizar este modelo en las diferentes líneas de ayudas, facilitar el acceso a la titularidad de la explotación y a la financiación o a las nuevas tecnologías, además de fomentar el relevo generacional y visibilizar el trabajo de las mujeres en la actividad agraria.
Planas está confiado en sacar la ley esta legislatura y de hecho se pondrá a trabajar en el «esqueleto» del anteproyecto tras el verano, para lo que convocará a los interlocutores del sector.
Atención al aceite de oliva
La nueva campaña de recogida de aceituna para aceite de oliva comenzará en un mes y no se decartan problemas de sobreoferta que puede provocar una caída de los precios en origen.
Por ello, el MAPA cerró el 7 de agosto la consulta pública del proyecto de Orden de comercialización de este aceite para la campaña 2025/2026 que prevé la posibilidad de retirar de forma obligatoria aceite del mercado.
En el texto que se sometió a consulta pública, el MAPA explicaba los detalles para activar esta retirada.
Son una docena de artículos que tendrán que ser aprobados próximamente por el Gobierno para que pueda estrenarse este procedimiento en caso de que fuese necesario.
La PAC
A finales de junio se cerró la consulta pública, ahora a la espera de su aprobación por el Gobierno, de un real decreto que modifica diversos reales decretos en materia de Política Agrícola Común para su adaptación a los cambios del plan estratégico de la PAC 2025.
Este texto adaptará la normativa a la reciente modificación del Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027.
Hay cambios, por ejemplo, en relación con los ecorregímenes porque se plantean tres modificaciones para mejorar su viabilidad técnica y ambiental, al tiempo que se facilita su cumplimiento.
Además, se proponen cambios en los programas operativos del sector de frutas y hortalizas con el fin de mantener la compatibilidad de las acciones coincidentes con los ecorregímenes durante un periodo transitorio; o acciones para mejorar la ejecución presupuestaria en la intervención sectorial vitivinícola.
Por otro lado, también se prevén próximamente cambios en el real decreto que regula la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC y de los fondos europeos Feaga y Feader.
Reducción de jornada
Fuera del ámbito puramente agrario pero con evidentes repercusiones para él, se encuentra el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que llevará la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al Congreso.
Las organizaciones agrarias coinciden en pedir flexibilidad para adaptar la reducción de la jornada a las necesidades del campo, mientras que el sector hostelero estima que su facturación caerá un 3 %.
La patronal de supermercados Asedas ha mostrado su descontento con el proyecto de ley al creer que se basa en un «profundo desconocimiento de la realidad socioeconómica y laboral de la distribución».
Otras normativas
No obstante, el desarrollo normativo no para, ya que el MAPA trabaja también sobre un decreto que regula la inscripción, modificación y cancelación de las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas, y se disponen normas relativas a su comercialización.
Además, hasta mediados de septiembre está abierto a consulta pública un proyecto de real decreto sobre el registro general de la Mejoras Técnicas Disponibles en Explotaciones; y hasta el 20 de septiembre, también está en audiencia pública el proyecto para regular medidas de gestión de los recursos pesqueros.
