San Salvador, 4 ago (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) advirtió este lunes que la reforma a la Constitución de El Salvador, con la que se permite la reelección indefinida, «incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos» y representa «el ejemplo más reciente de una preocupante tendencia hacia el uso del poder legislativo, sin contrapesos efectivos, para introducir cambios estructurales» a la Carta Magna.
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), aprobó y ratificó, en una sola jornada el pasado 31 de julio, sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con la que el presidente Nayib Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.
Sin embargo, hasta el momento el mandatario no ha hecho públicas sus intenciones de postularse.
«Las señales de alarma que hemos dado los últimos meses se confirman con la forma en que, una vez más, se ha modificado la Constitución sin procesos deliberativos adecuados ni consulta pública», afirmó César Marín, director regional adjunto para las Américas de Amnistía Internacional en un comunicado.
Según Marín, «esta práctica busca concentrar el poder en el ejecutivo e incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos y de que se impongan otras reformas en el futuro sin tomar en cuenta a la población y sus derechos».
El director regional de AI expuso que desde que el partido oficialista obtuvo el control absoluto de la Asamblea Legislativa en 2021, «este ha impulsado múltiples reformas legales y constitucionales de forma exprés, sin transparencia ni participación pública efectiva, debilitando gravemente la independencia judicial, eliminando mecanismos de rendición de cuentas y suspendiendo, durante más de tres años, derechos fundamentales bajo un régimen de excepción».
«La manera en que se están aprobando las reformas constitucionales en El Salvador revela un patrón de prácticas autoritarias que busca debilitar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la libertad de expresión, a participar en los asuntos públicos, y de acceso a la justicia frente al abuso del poder», añadió Marín.
Amnistía Internacional recordó la obligación del Estado salvadoreño de garantizar el derecho a la participación en asuntos públicos, lo que implica asegurar que este tipo de reformas cuenten previamente con el tiempo necesario para la deliberación y el escrutinio público.
Para ello, AI señaló que es indispensable que las autoridades reviertan las medidas que han cerrado el espacio cívico y bajo las cuales se estigmatiza y criminaliza a quienes, en ejercicio de su libertad de expresión, disienten públicamente de las políticas estatales.
«Frente a este panorama, la organización hace un llamado a la comunidad internacional a mantener un monitoreo constante sobre la situación en El Salvador, exigir al Estado que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respaldar a quienes desde dentro y fuera del país siguen defendiendo los derechos humanos», agregó el comunicado.
Bukele defendió en la víspera la decisión del legislativo de aprobar la reforma constitucional y señaló que «el 90 % de los países desarrollados permiten» la reelección indefinida.
«El 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta», apuntó Bukele en X, y denunció que «cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia».
