Guayaquil (Ecuador), 24 sep (EFE).- Las desapariciones forzadas por parte de las Fuerzas Armadas que se han registrado en Ecuador en el marco del «conflicto armado interno» declarado en 2024 por el presidente Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado no pueden ser «el costo a pagar por la seguridad», afirmó en una entrevista con EFE la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer.
Eso, dijo Piquer, es lo que está pasando en el país andino con una estrategia de militarización que, lejos de reducir los índices de violencia, se ha convertido en un «manto de impunidad y permisividad» de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados.
«Es fundamental revertir la militarización de la seguridad pública, que si los militares intervienen sea de manera extraordinaria, regulada y debidamente fiscalizada y supervisada, y que se den señales de que, hechos como una desaparición forzada, no es algo tolerable como un costo del ‘Plan Fénix'», aseguró Piquer, en referencia al plan de seguridad con el que Noboa llegó al poder en 2023.
«No puede ser que el costo a pagar por la seguridad sean las desapariciones forzadas. Eso no tiene ninguna justificación y eso es lo que el Estado tiene que revertir urgentemente», añadió.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) registró 33 casos en 2024, mientras que la Fiscalía ha recibido denuncias por la posible desaparición forzada de 43 personas desde el 2023.
Familias amenazadas
Cinco de esos casos han sido profundamente documentados por AI con ayuda del CDH en un informe denominado ‘Son militares, yo los vi’, donde, según Piquer, se revelan una serie de «patrones» como la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas para encontrar la verdad.
«El ministro de Defensa (Gian Carlo Loffredo) también ha sido parte muy activa de evitar entregar información o de negar que los militares tienen participación. Y ese es un elemento del delito de desaparición forzada, el hecho de que hay evidencia videográfica, fotográfica, testimonial de que fueron militares quienes se llevaron a estas personas detenidas, pero los mismos militares lo niegan y niegan información a la Fiscalía», añadió.
La actuación de Loffredo, dijo, se pudo sentir especialmente en el caso de los cuatro menores afrodescendientes del barrio de Las Malvinas, en la ciudad de Guayaquil, quienes fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por una patrulla militar. Sus cuerpos fueron hallados calcinados días después en una zona rural cercana a una base de la Fuerza Aérea y con evidencias de disparos en la cabeza.
«Él (Loffredo) recibió una orden judicial de dar disculpas públicas y la pseudodisculpa que hizo no constituyó una disculpa efectiva y aprovechó esa instancia para amenazar con sanciones a una jueza», recordó.
Piquer relató además que las personas en busca de sus desaparecidos, que en su mayoría son mujeres, sufren hostigamiento, seguimiento y amenazas por parte de los militares. «Algunas de sus casas han sido allanadas, tienen mucho miedo. Ellas están buscando con altos costos personales», mencionó.
Esos amedrentamientos también hace que las familias no denuncien correctamente los casos. Por eso, desde la organización internacional, creen que «probablemente sean más» que los reportados.
El «mito de la mano dura»
La directora para las Américas de AI aseguró que en la región se ha generado un «mito» sobre que las medidas «de la mal llamada mano dura de alguna forma permiten resultados rápidos» contra la criminalidad y la violencia.
Sin embargo, indicó que en la mayoría de las ocasiones eso no ocurre, o que, si sucede, las medidas «no son sostenibles» porque «se basan en graves y masivas violaciones derechos humanos», como «las detenciones arbitrarias, los juicios injustos o las desapariciones forzadas».
«Eso no es algo que dé seguridad y lo que terminas haciendo es sustituir la violencia de las pandillas y del crimen organizado por la violencia estatal», aseguró.
También indicó que siguen monitoreando más casos y que les preocupa la respuesta que pueda dar el Gobierno en el marco de las protestas indígenas que se realizan en contra del alza del precio del diésel.
«Como no ha cambiado nada, no han cambiado la políticas estatales y ha habido impunidad en los casos previos, hay un riesgo de que se vuelvan a cometer graves violaciones de derechos humanos en este contexto, así que vamos a estar monitoreando de cerca y documentar lo que se requiera si es que se dieran ese tipo de situaciones», señaló.
«Lamentablemente no hay ninguna garantía de que no vuelvan a ocurrir», concluyó.
Cristina Bazán
