São Paulo, 28 jul (EFE).- Al menos 211 indígenas fueron asesinados en Brasil en 2024, tres más que los reportados el año anterior, según un informe divulgado este lunes por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) elaborado con base en datos oficiales.
Uno de los casos más impactantes fue el homicidio de la líder indígena María Fátima Muniz de Andrade, conocida como Nega Pataxó, en el municipio de Potiraguá del estado de Bahía, el 21 de enero de 2024, de acuerdo con el estudio.
Según el informe, cerca de doscientos agricultores irrumpieron a tiros en la hacienda Inhuma, que estaba siendo ocupada por el pueblo indígena Pataxó y Pataxó Hã-Hã-Hãe, hecho en el que murió la líder y resultaron heridos varios indígenas.
Caen las invasiones a tierras indígenas
El documento también reportó 230 invasiones a reservas indígenas en Brasil en 2024, lo que representa un 16,7 % menos con respecto al año anterior.
De acuerdo con el informe «Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil», 159 tierras indígenas en 21 de los 27 estados del país sufrieron algún caso de invasión, explotación ilegal de recursos o daños al patrimonio.
El informe indica que el 61 % de los casos registrados fueron sobre territorios debidamente demarcados y registrados.
En su mayoría, los terrenos sufrieron incendios y las invasiones acarrearon la extracción ilegal de recursos naturales y el uso ilegal de las tierras para actividades agropecuarias, reporta el documento.
Esto demuestra «las dificultades» del Estado brasileño para «proteger las tierras indígenas y garantizar el usufructo exclusivo de los pueblos originarios sobre sus territorios», detalla el informe elaborado por el CIMI -organización vinculada con la Iglesia Católica-.
El 2024 estuvo marcado por una gran cantidad de manifestaciones de agrupaciones indígenas que solicitaron la derogación de la ley conocida como Marco Temporal, que fue aprobada en diciembre de 2023 y abona una polémica tesis jurídica que limita los derechos de los pueblos originarios a aquellas tierras que efectivamente ocupaban al 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución.
El principal argumento en contra de la legislación gira en torno a que desconoce los derechos ancestrales de los indígenas sobre territorios de los que fueron expulsados en forma violenta, tanto durante la colonización portuguesa o, como ocurre hasta hoy, por terratenientes.
Según el documento, «una de las principales consecuencias de la promulgación» de la ley en mención es el «estancamiento casi total de los procesos de demarcación en curso».
La ley «sustentó e incentivó» todas las formas de violencia contra los pueblos indígenas de Brasil y, por eso, «la declaración de su inconstitucionalidad es un imperativo legal, constitucional, ético y moral que no puede ser aplazado más», argumentó el informe.
El secretario general de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, el obispo Ricardo Hoepers, dijo en rueda de prensa que el informe «es un grito por la vida, por la justicia, por la dignidad».
El prelado confesó que espera que «sirva como instrumento para transformar realidades, sensibilizar conciencias y para presionar a los poderes públicos a asumir su responsabilidad histórica con los pueblos originarios».
Producto del estancamiento en los procesos administrativos de demarcación a causa de la nueva ley, «muchas comunidades decidieron retomar y reocupar parte de sus tierras», lo que produjo una serie de reacciones violentas por parte de latifundistas, según el reporte.
Así mismo, «las tierras indígenas, incluso las ya regularizadas, registraron invasiones y presiones por parte de especuladores, ganaderos, cazadores, madereros y mineros, entre otros invasores, que se sintieron alentados por el contexto de desajuste de los derechos territoriales», aclara el estudio.
