Quito, 13 jun (EFE).- Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, dijo este viernes estar «injustamente vinculado» al denominado caso ‘Triple A’, en el que la Fiscalía indaga un presunto contrabando de gasolina a través de la cadena de estaciones de servicio de combustible que posee su familia.
«El alcalde de Guayaquil, injustamente denunciado, injustamente vinculado, injustamente procesado, está físicamente aquí en la ciudad de Quito, en el Complejo Judicial Norte, dando la cara y respondiendo como tiene que ser», dijo Alvarez a su llegada a la audiencia preparatoria de juicio que se sigue por el delito de almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos.
«Asisto personalmente a la audiencia con tranquilidad, confiado, porque la misma Fiscalía, con las pruebas que ellos han buscado y con las pericias que han pedido, ellos mismos destruyen las evidencias», agregó la autoridad municipal.
Este viernes, el juez Renán Andrade reinstaló la audiencia que se había suspendido el pasado 27 de mayo por falta de documentación en el expediente fiscal y está previsto que la diligencia concluya el próximo 22 de junio.
Durante la audiencia los abogados de las quince personas y cinco empresas procesadas presentarán sus argumentos para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía.
Además, el juez también analizará un pedido de revisión de medidas que pidió el defensor del alcalde de Guayaquil, para que Alvarez no tenga que usar un grillete electrónico, que hasta el momento no está utilizando al alegar problemas de salud.
El alcalde, que llegó al poder municipal de la mano del movimiento Revolución Ciudadana, cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007-2017), evitó este viernes entrar en polémicas políticas cuando le preguntaron sobre sus diferencias con el presidente Daniel Noboa, a quien anteriormente acusó de estar detrás de este caso.
Alvarez aseguró que no podía decir que el presidente puso la denuncia, porque fueron funcionarios de su Gobierno, pero que «todos saben por dónde viene la cosa».
«Sigue creyendo en la institucionalidad, respetándola, y con la esperanza de que exista todavía algo de justicia en el Ecuador», añadió.
Alvarez también sostuvo que desde el inicio de este proceso era consciente de que «era una mentira» y aseguró que «por más que hayan querido forjar pruebas y demás, no iban a tener nunca nada, porque es irreal».
Por su parte, el abogado de Alvarez, Ramiro García, aprovechó uno de los recesos de la audiencia para reafirmar la inocencia de su cliente y destacó que «lo mínimamente justo» sería que todo «termine en un sobreseimiento».
García señaló que no buscan impugnar la validez del proceso, sino la consistencia de la acusación de la Fiscalía, pues dijo que el fiscal «no tiene ningunos argumentos» y que las pruebas presentadas hasta ahora «demuestran que el delito del que se acusa no se cometió y que el señor Aquiles Alvarez es totalmente inocente de los cargos que se le imputan».
El caso, que salió a la luz el 11 de julio de 2024 tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables del Gobierno de Noboa, expone supuestas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado, lo que le habría causado un perjuicio, al supuestamente haber sido comercializados en países vecinos a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.
La Agencia también informó de supuestas incoherencias administrativas en algunas estaciones de servicio que supuestamente llegaron a vender más galones de diésel que podían almacenar de forma autorizada.
Por esta causa hay una veintena de procesados entre personas y compañías, según la Fiscalía. Además, se han presentado cargos contra representantes de al menos cinco firmas dedicadas a la comercialización de hidrocarburos.
