Guayaquil (Ecuador), 4 sep (EFE).- Un juez de Ecuador instaló este jueves la audiencia preparatoria de juicio en el caso que se sigue contra 17 militares procesados por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes en la ciudad de Guayaquil, pero la suspendió horas después en medio de alertas de intentos de dilatar el proceso judicial, lo que podría llevar a que caduque la prisión preventiva de 16 de los soldados.
Esta era la cuarta vez que el magistrado Dennis Ugalde convocó a la audiencia, después de casi nueve meses de haber ordenado la prisión preventiva para la mayoría de los militares, a quienes la Fiscalía señaló como sospechosos de la desaparición de los menores, luego de que los soldados los detuvieron de manera irregular la noche del 8 de diciembre de 2024.
Después de la detención, que está registrada en videos de cámaras de seguridad, los soldados llevaron a los menores, de entre 11 y 15 años, a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), donde aseguran que los dejaron en libertad.
Los restos de sus cuerpos fueron encontrados días después en un sector rural cercano y la autopsia reveló que recibieron disparos en la cabeza.
Los militares dijeron desde un inicio que dejaron a los menores con vida y lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo.
Sin embargo, tres de ellos decidieron solicitar una cooperación eficaz (delación premiada) y señalaron en una segunda reconstrucción de los hechos que, antes de su desaparición, los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros.
Dilaciones procesales después de nueve meses
Horas antes del inicio de la diligencia de este jueves, un abogado de los militares presentó una recusación contra el juez y otro, que representaba a dos soldados más, se excusó de asistir mediante el uso de un certificado médico que la Fiscalía presumía que era falso.
A eso se sumó que las demás defensas aseguraron que había irregularidades que afectaban la validez del proceso que iban desde que el juez no era competente para conocer la causa hasta que se estaba violando el derecho a la defensa de los dos militares que se quedaron sin abogado.
Los dos soldados, que estaban conectados de manera virtual desde una cárcel, aceptaron casi al final de la audiencia que otros defensores presentes los patrocinen, pero estos alegaron que no estaban preparados en ese momento para representarlos.
Abraham Aguirre, abogado del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y que defiende a las familias de los cuatro menores, aseguró que se trataba de acciones que buscaban dilatar el proceso ya que la prisión preventiva de los soldados caduca en diciembre.
Lo mismo alertó el mismo juez Ugalde, que aseguró que pediría que se investiguen «presuntas dilaciones y presuntos eventualmente fraudes procesales en que pudieran haber incurrido los colegas, tanto el abogado que ha presentado la documentación falsificada, a tenor de lo indicado por el señor fiscal, como los dos colegas que han sido utilizados en esta audiencia por los dos ciudadanos procesados».
«Voy a suspender el plazo de caducidad de la prisión preventiva para los dos procesados, pues considero que se está incurriendo en maniobras dilatorias tendientes a evitar el avance del proceso», añadió.
Suspendió la diligencia para que los abogados se puedan preparar y para que la Fiscalía pueda entregar información solicitada por los militares y también escuchar versiones más amplias que algunos procesados aseguraron que deseaban dar.
Está previsto que la audiencia preparatoria de juicio se reanude en un plazo máximo de diez días, donde el Ministerio Público podrá presentar su acusación contra los diecisiete militares.
