Santa Cruz De Tenerife, 11 jul (EFE).- Amnistía Internacional ha advertido de graves fallos en la responsabilidad compartida entre Estado y Gobierno canario, con vulneración de derechos de los menores migrantes acogidos en macrocentros, con casos de violencia de trabajadores hacia los niños y con una gran descoordinación en Policía y Fiscalía entre ambas provincias en el archipiélago.
Son parte de los datos del informe ‘A día de hoy no tengo nada. El fracaso del sistema para proteger a los y las menores llegados a Canarias’ que han expuesto este viernes en el Parlamento regional la responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía, María José Pérez, y la responsable de Investigación, Virginia Álvarez.
Esta última ha sido la encargada de relatar las líneas básicas del informe con la advertencia de que acoger a los menores en macrocentros no garantiza el cumplimiento del interés superior de niños y niñas.
Lo que fue un dispositivo de emergencia surgido en 2020 se ha convertido en permanente y los menores se acogen en los 82 macrocentros repartidos por las islas donde no es posible desarrollar programas educativos individualizados ni detectar sus necesidades y vulnerabilidades.
También se han documentado denuncias de violencia contra los niños por parte de trabajadores de los centros y Amnistía Internacional ha podido comprobar que ni cuentan con personal suficiente y que en algunos casos su formación es deficiente, lo que se agrava por la falta de inspección de las autoridades competentes.
Mecanismos para poder quejarse
Por ello Amnistía pide que se garanticen mecanismos adecuados para que los menores puedan remitir sus quejas de manera confidencial y sin miedo a sufrir represalias, no con un buzón de quejas que ve el director del centro, ha señalado Virginia Álvarez.
Y lo que se ha visto particularmente en Canarias es que es necesario coordinar mejor a las distintas administraciones porque su descoordinación actual «está trayendo graves consecuencias», pues no se garantiza la debida diligencia en la detección e identificación de menores desde que llegan a las costas «empezando por las reticencias de la Policía».
Al respecto, Amnistía ha trasladado a Fiscalía su preocupación por el dato de que el Fiscal de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife «aceptó (durante su entrevista) que había menores en centros de adultos a sabiendas».
A Virginia Álvarez le ha sorprendido «mucho» ver cómo las dos provincias canarias funcionan de manera tan diferente en relación con la tramitación de la documentación de los menores, incluidas autoridades, Fiscalía y Medicina Forense, por lo que ha llamado la atención sobre la necesidad de unificar protocolos.
Comunidades corresponsables, no sólo solidarias
Además, Amnistía ha pedido al resto de comunidades autónomas que sean «corresponsables» con el bienestar de los niños porque no es una cuestión de mera solidaridad, es una labor de todo el Estado, al tiempo que ha expresado su preocupación por la instrumentalización de los menores como herramienta política y de discursos de odio.
«Pido a los responsables políticos contención en los discursos que criminalizan a todo un colectivo y lo dejan en situación mucho más vulnerable, ha apelado la representante de Amnistía.
Álvarez ha replicado que los menores extranjeros no pueden ser retornados porque en sus países, incluido Marruecos, no hay un sistema de protección para su acogida, y ha destacado que los casi 4.000 menores ucranianos llegados a España no han sido objeto de debate político, lo que a su juicio «sitúa muy bien el debate».
«¿Los niños ucranianos no han sido un problema porque son rubios y se mezclan totalmente con la población española?, pues mis costumbres distan mucho de las ucranianas», ha expuesto Álvarez, quien ha apelado a ver este asunto como una solución y no como un problema que gestionar.
