Quito, 3 oct (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) mostró su preocupación por el deterioro de la protección de los derechos humanos en Ecuador y lo incluyó en la lista de países de la región con un «auge de prácticas autoritarias», según un comunicado que compartió la organización en redes.
Las principales razones para catalogar de tal manera al país andino son el presunto uso desmedido de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes que protestan contra el presidente Daniel Noboa, las presiones del Gobierno contra la Corte Constitucional y las desapariciones forzadas presuntamente practicadas por las Fuerzas Armadas en el contexto del «conflicto armado interno» declarado contra el crimen organizado.
«Durante nuestra reciente visita a Ecuador, recibimos información preocupante sobre acciones impulsadas por el Ejecutivo que buscan silenciar la disidencia y favorecer la impunidad», apuntó la organización internacional.
«La represión a las protestas, los ataques a la Corte Constitucional y la insistencia en una estrategia de seguridad militarizada, pese a su demostrada ineficiencia para frenar el delito, y las graves violaciones de derechos humanos que ha traído, sitúan a Ecuador en la lista de países de la región que experimentan un preocupante auge de prácticas autoritarias», dijo al respecto Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Ecuador lleva doce días envuelto en una serie de protestas y movilizaciones lideradas por el movimiento indígena en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretada por Noboa, lo que hizo que el precio de este combustible pasase a costar de 1,80 a más de 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
Uso de la fuerza en marchas
En un comunicado, la organización expresó que existen multitud de denuncias de un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad de Ecuador, además de «posibles detenciones arbitrarias, apertura de procesos penales abusivos y congelamiento de cuentas bancarias de líderes sociales».
Las protestas, concentradas especialmente en seis de las veinticuatro provincias del país, se han saldado por el momento con un fallecido, más de 80 heridos y 102 detenidos (once de ellos menores de edad), de ellos doce en prisión provisional procesadas por «terrorismo» por la Fiscalía, de acuerdo al balance de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Estas personas fueron arrestadas por presuntamente participar en los altercados registrados el primer día de protestas en Otavalo, provincia de Imbabura, epicentro de las movilizaciones, donde se incendió una comisaría policial y se agredió a dos agentes.
Además, 10 de los arrestados son de nacionalidad indígena kichwa; lo que también incitó al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas a hacer un llamado para proteger los derechos de los pueblos originarios.
Líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país que convocó el paro, denunciaron públicamente el congelamiento de sus cuentas bancarias.
«Ante la continuidad de las protestas, Amnistía Internacional hace un firme llamado a las autoridades ecuatorianas a garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y a adherirse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza», señaló Amnistía Internacional.
Corte Constitucional
La organización criticó los actos de hostigamiento, ataques y estigmatización pública contra los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador por parte del Gobierno de Noboa por haber anulado varias leyes tramitadas a través de un mecanismo exprés que acumulaban numerosas denuncias de posibles vulneraciones a derechos fundamentales.
AI considera que los jueces del alto tribunal llevan meses siendo señalados como los “enemigos del pueblo” por el Gobierno, que busca legitimar sus decisiones judiciales.
«Estas acciones representan una seria amenaza a la independencia judicial en Ecuador. Llamamos al Estado a garantizar que las y los jueces, así como todos los operadores de justicia, puedan ejercer sus funciones libres de presiones políticas y en condiciones de seguridad», expuso la organización.
Desapariciones forzosas
El pasado 23 de septiembre, Amnistía Internacional publicó un informe en el que concluyó que las Fuerzas Armadas de Ecuador cometieron desapariciones forzadas desde el inicio del «conflicto armado interno» declarado en 2024 por Noboa para enfrentar una escalada de la violencia sin precedentes, que tiene como principal causantes a las bandas criminales.
«Una política de seguridad sin el respeto a los derechos humanos no es garantía de seguridad para nadie y casi siempre termina afectando a las mismas comunidades que estaban antes afectadas por la violencia criminal, solo que ahora se sustituye por la violencia del Estado», dijo Piquer al presentar ese informe.
