Madrid, 6 mar (EFE).- Amnistía Internacional ha denunciado que las fuerzas de seguridad abusan de forma generalizada de dispositivos de descarga eléctrica como las pistolas táser «debido a la alarmante falta de regulación» y advierte de que «en España cada vez más cuerpos policiales están adquiriendo estas armas».
En un informe Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que avance en la creación de una legislación estatal que contenga garantías y salvaguardas en la introducción y utilización de este tipo de armas.
Y estima además «esencial garantizar una formación adecuada para los agentes, establecer protocolos claros y asegurar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas para prevenir posibles abusos»
En todo caso cree que se deberían prohibir las armas de descarga eléctrica de contacto directo y someter a estrictos controles comerciales basados en derechos humanos las de proyectiles paralizantes.
Este estudio se basa en la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional entre 2014 y 2024 en más de cuarenta países en la que ha detectado casos de tortura y otros malos tratos con dispositivos de descarga eléctrica.
Concreta que «las armas de electrochoque en España siguen la tendencia global con un uso extendido y sin regulación estatal».
«La incorporación de estas armas en el equipamiento policial debería ir precedida de una evaluación exhaustiva sobre las necesidades operativas que justifican su adquisición debido a los riesgos que conlleva de causar lesiones graves o incluso la muerte y la posibilidad de abusos en su utilización», añade.
Amnistía Internacional informa de que tiene conocimiento de que actualmente en España la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y agentes de Policía Local de al menos 62 municipios de trece comunidades autónomas hacen uso de dispositivos de descarga eléctrica.
«Los criterios para adquirir este armamento responden por lo general a justificaciones vagas y genéricas como por ejemplo la necesidad de actualizar el equipamiento con las últimas innovaciones tecnológicas disponibles, colmar un supuesto vacío entre la defensa policial y el arma de fuego o hacer frente a personas con problemas de salud mental o drogodependientes», agrega.
El informe abunda en que «los protocolos de uso permiten la utilización de la táser en circunstancias y supuestos que van más allá de lo que permiten los estándares internacionales, que restringen su uso a situaciones de amenaza inminente para la vida y de lesiones graves».
Pone como ejemplo que «los protocolos de la Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra permiten el uso de la táser para evitar riesgos para la seguridad ciudadana o no lo prohíben en manifestaciones ni en casos de grupos vulnerables como personas con cuadros de crisis mental».
«Estados y empresas fabrican, publicitan y venden material de descarga eléctrica que se utiliza para infligir tortura y otros malos tratos», lamenta Amnistía Internacional, que solicita un tratado global y jurídicamente vinculante que regule la producción y el comercio «descontrolado» del material utilizado para hacer cumplir la ley.
El informe documenta que «se utilizan de forma abusiva armas de descarga eléctrica por contacto directo, como las pistolas paralizantes y las porras eléctricas, en la calle, en las fronteras, en centros de detención de migrantes y refugiados, en instituciones de salud mental, en comisarías de Policía, en prisiones y en otros lugares de detención».
