Redacción Internacional, 18 sep (EFECOM).- Amnistía Internacional (AI) elevó este jueves la presión sobre la firma española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por el proyecto de ampliación de las líneas de tranvía en Jerusalén, que conectan asentamientos israelíes ilegales con la parte occidental de la ciudad, haciéndole un nuevo llamamiento para su retirada.
«CAF no puede seguir mirando para otro lado y no cumplir las recomendaciones internacionales. Amnistía Internacional en España lleva años recordando a la empresa que el tren ligero contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel», asegura en un comunicado el director de la ONG en España, Esteban Beltrán.
CAF trabajó hasta principios de este año en la ampliación de la Línea Roja del tranvía de Jerusalén -conectándola a la colonia de Neve Yaakov- y construye ahora la Línea Verde, que unirá el sur el asentamiento de Gilo -donde ya viven unos 30.000 israelíes- con la Universidad Hebrea en el monte Scopus.
Amnistía Internacional recuerda que desde 2019 ha solicitado «de manera reiterada» a sus accionistas, y especialmente a aquellos «de referencia como el Ejecutivo vasco, Kutxabank y Mayoral, que reclamen a CAF el cumplimiento de sus responsabilidades de derechos humanos y la consecuente retirada responsable del proyecto».
CAF es una de las 15 empresas que aparecen señaladas en su informe ‘Confrontar la economía política global que facilita los crímenes de Israel’ por contribución «a la ocupación ilegal, al genocidio o a otros crímenes de derecho internacional de Israel».
Se trata de las estadounidenses Boeing, Lockheed Martin, Airbnb, Expedia, TripAdvisor, Booking.com y Palantir Technologies; la china Hikvision; la surcoreana HD Hyundai; y las israelíes Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems, Israel Aerospace Industries (IAI), Corsight y Mekorot.
AI considera que desde 2019 CAF «ha desempeñado un papel clave en la expansión del tren ligero, lo que ha llevado al crecimiento de los asentamientos en los últimos años, contribuyendo así al mantenimiento del proyecto ilegal de asentamientos, ocupación y anexión de Jerusalén Este por parte de Israel».
Dicho tren, según el informe, «facilita la vida en los asentamientos, permite el movimiento de colonos, la expansión física de los asentamientos y su sostenibilidad económica e integra estas entidades ilegales dentro de Israel, violando el derecho internacional».
Por ello, la ONG exigió a CAF que suspenda «de inmediato» la provisión de bienes y servicios a la red del tren ligero y «que no solicite ningún otro contrato público que pueda contribuir a la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel».
AI también hizo un llamamiento para que todos los Estados, instituciones públicas y empresas utilicen su influencia, incluso retirando inversiones, con el objetivo de detener el suministro de bienes y servicios por parte de CAF a dicho proyecto.
Los Estados e instituciones públicas, según dicho documento, deben asegurarse de que se vete a CAF la participación en cualquier actividad que implique introducir sus materiales y servicios en sus mercados, con medidas que incluyen por ejemplo la participación en ferias comerciales o la adjudicación de contratos.
Estas prohibiciones deben mantenerse hasta que CAF «pueda demostrar que no está contribuyendo al apartheid de Israel, su ocupación ilegal ni a crímenes bajo el derecho internacional», añade esa nota que insta a la sociedad civil a movilizarse hasta que las disposiciones mencionadas se cumplan.
Su informe se ha hecho coincidir con el primer aniversario de la resolución de la Asamblea General de la ONU que exigía a Israel poner fin a su ocupación ilegal del territorio palestino en el plazo de 12 meses desde su adopción, un tiempo en el que según AI «la mayoría de los Estados miembros no han hecho casi nada para presionar al Gobierno israelí» al respecto.
