Barcelona, 11 jun (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a 35 empresarios y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del 1-O, así como al exconseller de Exteriores Raül Romeva en la causa en que estaba investigado por la promoción del procés en el exterior.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sección 21ª acuerda aplicar la amnistía a todos los delitos que se les atribuían, incluido el de malversación que el Supremo descartó perdonar a los líderes del procés, y revoca la resolución de la jueza instructora que los dejó a un paso de juicio por su papel en la planificación del referéndum unilateral del 1-O.
La sala únicamente deja al margen de la amnistía dos contratos administrativos de limpieza y auditoría encargados por el Diplocat, que considera que los exsecretarios generales de la institución Roser Clavell y Albert Royo fraccionaron para adjudicarlos a dedo, por lo que los envía a juicio un delito de prevaricación, aunque solo por estos hechos.
Entre los miembros del ‘sottogoverno’ de Puigdemont que la Audiencia ha amnistiado, gran parte de ellos de ERC, figuran los exdirectores de la CCMA, TV3 y Catalunya Ràdio, Núria Llorach, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente; el que fuera director de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj o la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal.
Algunos de los excargos habían sido procesados por delitos de malversación, falsedad documental o revelación de secretos, que acarrean penas de prisión, mientras otros lo fueron únicamente por desobediencia.
No ve ánimo de enriquecimiento en su malversación
Según la Audiencia, ninguna de las conductas que encajan en esos delitos están excluidas en la ley, por lo que procede su «plena aplicabilidad» incluso en el delito de malversación, que el Supremo descartó amnistiar a los líderes del procés al entender que buscaron un beneficio personal de carácter patrimonial y porque pudieron causar un daño a las finanzas de la Unión Europea.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene suspendida la aplicación de la amnistía al delito de malversación por el que fueron procesados los excargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por los fondos destinados al 1-O, al concluir que podría vulnerar la normativa europea sobre gestión de caudales públicos.
La Audiencia de Barcelona, por el contrario, ve también amnistiable ese delito en el caso de los excargos de Puigdemont porque, «aún concurriendo la voluntad malversadora», actuaron «en cumplimiento del mandato diseñado por los miembros del Govern, en el que ellos participaban desde diferentes ámbitos de responsabilidad».
«Las conductas que se les atribuyen en su mayor parte conforman el desvío de fondos públicos mediante la concreta ejecución de mecanismos desarrollados y puestos en marcha para el cometido para el que fueron asignados. Su materialización tuvo lugar a través de muy diferentes y concretas actuaciones, por lo que, en el plano en el que estas conductas se desarrollaron, no puede hablarse de un propósito de enriquecimiento», remarca.
Sin medidas cautelares y patrimoniales
De hecho, la Audiencia pone de relieve que cuando en julio de 2024 el Supremo denegó la amnistía a los líderes el procés por malversación ya dejó abierta la posibilidad de que el mismo delito fuese amnistiado «en otras situaciones distintas».
Respecto al argumento de que el procés habría afectado las finanzas de la Unión Europea de haber logrado su objetivo de independizar Cataluña, la Audiencia evita moverse «en el terreno de las conjeturas» y amnistía la malversación ante la falta de indicios de que se pretendiera causar un perjuicio a las arcas comunitarias.
En su auto, la Audiencia acuerda también levantar las medidas patrimoniales que pesaban sobre los procesados, quienes tuvieron que afianzar en el juzgado un total de 5,8 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil que pudiera derivarse del caso, cantidad que en parte se nutrió de la «caja de solidaridad» activada por las entidades soberanistas.
