Barcelona, 5 may (EFE).- Una jueza de Barcelona ha amnistiado a trece policías nacionales que estaban acusados de humillar y vejar a una detenida por los disturbios contra la sentencia del procés, manifestante que estuvo diez días en prisión preventiva por desórdenes públicos, sin que aún se haya celebrado su juicio.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la titular del Juzgado de instrucción número 30 de Barcelona acuerda archivar la causa abierta a los agentes por considerar que los hechos que se les imputan no son suficientemente graves como para quedar excluidos de la ley de amnistía, que deja fuera los tratos degradantes previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como las torturas.
Los agentes estaban siendo investigados a raíz de una querella presentada por Paula G., una joven que fue detenida en las protestas del 18 de octubre de 2019 frente a la Jefatura de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona contra la sentencia del procés, movilizaciones que desembocaron en graves altercados y enfrentamientos con la policía en el centro de la capital catalana.
En su denuncia, la manifestante sostenía que estuvo detenida durante 13 horas antes de poder comunicarse con el Colegio de la Abogacía, que fue vejada y humillada durante su custodia y traslado a la Ciudad de la Justicia de Barcelona y que un agente la amenazó blandiendo un cúter intervenido mientras le decía: “Si hay un muerto, no va a ser de nuestro bando”.
La manifestante se opuso a que se aplicara la amnistía a los policías investigados con el argumento de que los hechos ocurrieron una vez detenida y en dependencias policiales, sin relación alguna con el procés, y buscaban “disminuir su dignidad humana”, con lo que se incumplirían los compromisos internacionales firmados por España en materia de derechos humanos.
La Fiscalía, por el contrario, sí apoyó la amnistía para los agentes de la misma forma que su defensa, ejercida por Javier Aranda, del despacho Aranda, Melgar & Tasies Advocats.
En su resolución, que no es firme, la jueza acuerda archivar la causa a los policías nacionales imputados, aunque deja al margen de la amnistía la eventual indemnización que pudiera corresponder a la denunciante por los hechos, cuestión que deberá dirimirse por la vía civil.
Mientras tanto, la justicia no ha resuelto todavía si aplica la amnistía a la manifestante, para quien la Fiscalía pide dos años de cárcel por su papel en los disturbios del 18 de octubre de 2019, ya que la vincula con el lanzamientos de objetos contundentes y de botellas con líquidos corrosivos contra la Jefatura Superior de Policía.
Su juicio estaba previsto para el pasado 25 de enero en la Audiencia de Barcelona, pero la Fiscalía pidió la suspensión para estudiar si pedía la amnistía para la manifestante, al considerar que el caso encaja en la ley.
Paula G., sin embargo, se ha negado hasta ahora a pedir al tribunal que la amnistíe porque considera que ello supondría encubrir las “vergüenzas” del Estado y los abusos perpetrados por policías, fiscales y jueces en el marco del procés.
