Málaga, 27 ago (EFE).- La Junta de Andalucía estudiará jurídicamente si recurre el Real Decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros que recoge la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.
La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha afirmado este miércoles en un comunicado que dicho decreto ha sido aprobado «por el Gobierno de Pedro Sánchez tal y como nos tiene acostumbrados: por imposición, sin diálogo y con una absoluta falta de transparencia».
Para López, con este texto, en el que Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma con más capacidad ordinaria de acogida, se vuelve «a ver claramente que el Gobierno de España prioriza sus intereses sobre el interés de los menores, a los que no les importa apilar en edificios para proteger el sillón de Pedro Sánchez”.
“Andalucía es una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero siempre preservando la atención y protección de los niños”, ha enfatizado la consejera.
Ha añadido que el Sistema de Protección de Menores andaluz «está ya saturado», y no se puede «olvidar que cada semana siguen llegando a las costas menores migrantes no acompañados que necesitan ser atendidos».
Como ejemplo de la solidaridad «incuestionable» de Andalucía, López ha recordado a «los 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha metido en Andalucía por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad, de los que no quiere saber absolutamente nada y que el gobierno andaluz está atendiendo a pleno pulmón».
Ha remarcado que este reparto impuesto por el Gobierno de España “reventará el sistema andaluz, que ya se encuentra colapsado, poniendo en peligro a los menores, tanto a los que ya están en el sistema como aquellos a los que quieren trasladar».
«Para Andalucía siempre primará la defensa y protección del interés superior de los niños», ha subrayado la consejera.
Por ello, ha puesto de relieve la importancia de que el Ejecutivo central reconozca Andalucía como Frontera Sur, una petición que «Pedro Sánchez niega continuamente, a pesar de estar a tan solo 14 kilómetros del continente africano, mientras se la concede al País Vasco».
Ha lamentado la «hipocresía» del Gobierno de Sánchez, que «no está asumiendo sus competencias con los más de mil menores migrantes solicitantes de protección internacional que le reclama el Tribunal Supremo, escudándose en la falta de recursos, mientras impone a las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes sin coordinación ni diálogo».
