La Paz, 12 sep (EFE).- La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez sostuvo este viernes que la CIDH y ONU Derechos Humanos en América del Sur «no deben desentenderse» de la situación de los derechos de «todos los bolivianos» y que «no puede haber justicia sin debido proceso» en los casos por la crisis de 2019 en el país andino.
Áñez (2019-2020) se pronunció de esta forma después de que ambos organismos expresaron su preocupación por las recientes decisiones de tribunales de justicia de Bolivia que resolvieron anular en la vía penal dos casos sobre muertes de civiles durante la crisis de 2019, en los que la exmandataria es la principal acusada.
«La @CIDH y la @ONU_derechos no deben desentenderse de la situación de los derechos humanos de TODOS los bolivianos víctimas del régimen del MAS (el gubernamental Movimiento al Socialismo)», publicó la exgobernante en X.
También sostuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos no deben «olvidar» que «precisamente el Gobierno es el que ha quebrantado las garantías del debido proceso» y le negó sus derechos desde que fue detenida y encarcelada en marzo de 2021, lo que para Áñez fue un «secuestro».
«No puede haber justicia sin debido proceso; no puede haber justicia sin una investigación imparcial; no puede haber justicia si no se respeta la jurisdicción y competencia; no puede pedir justicia con jueces y fiscales sometidos a un gobierno que impunemente ha sometido hasta hace poco al Órgano Judicial», manifestó.
Además, recordó que el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, expresó en su momento «su preocupación» porque se le negó «el derecho a juicio de responsabilidades» pese a ser expresidenta, lo que, según dijo, fue «por instrucciones políticas» del exmandatario Evo Morales (2006-2019).
En un comunicado difundido este viernes, la CIDH y ONU Derechos Humanos consideraron que «la anulación de lo actuado en los procesos judiciales» en los llamados casos ‘Senkata’ y ‘Sacaba’ puede suponer «un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos».
Estos casos investigan las muertes de civiles en 2019, durante enfrentamientos que se registraron en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, y en el municipio de Sacaba, en la región central de Cochabamba, días después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y su salida del país.
Ambos organismos internacionales instaron «a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación».
El 25 y 29 de agosto, dos tribunales de sentencia determinaron anular los procesos en la vía ordinaria por «incompetencia de materia» y derivarlos a un juicio de responsabilidades para Áñez, resoluciones judiciales que también benefician a policías y militares que fueron procesados y encarcelados por los casos ‘Senkata’ y ‘Sacaba’.
Áñez siempre ha reclamado un proceso especial como expresidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la CIDH por negarle un juicio de responsabilidades.
Los procesos judiciales por la crisis de 2019 se realizan a instancias del Gobierno de Luis Arce y el MAS, que aseguran que hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que sus detractores afirman que las protestas fueron por un fraude a favor del entonces presidente en las fallidas elecciones de ese año, posteriormente anuladas.
El oficialismo demandó a Áñez en la vía ordinaria bajo el argumento de que su mandato no surgió del voto popular.
