Quito, 10 jun (EFE).- Grupos tradicionalistas de espectáculos con animales y colectivos animalistas que buscan la prohibición de estas actividades se concentraron este martes frente a la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador por el debate de la Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales (LOPDA), que permitía las fiestas taurinas y las peleas de gallos y que finalmente fue archivada.
Los defensores de los derechos de los animales, que solicitaban su archivo, celebraron que la Asamblea aprobase su postura al argumentar que la iniciativa vulnera sus derechos al reducir sanciones por maltrato, permitir peleas de gallos o corridas de toros sin la muerte de los animales, y eliminar las atribuciones de los gobiernos locales para sancionar la zoofilia.
«Nosotros estamos rechazando categóricamente el proyecto de LOPDA por ser regresivo en derechos y por no cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional, quien ordenó que los animales sean reconocidos como sujetos de Derecho y ordenó también que se desarrolle una ley que tutele estos derechos», afirmó Maritza Rubianes, miembro del colectivo Ley Orgánica Animal (LOA).
En ese sentido, Rubianes subrayó la relevancia de esta resolución, la cual calificó de «mundial», porque fue Ecuador «el primer país en el en el mundo en reconocer a los animales como sujetos de derechos», a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional.
«La Asamblea tiene que aceptar el reto histórico de crear una ley excelente porque el día de mañana el Ecuador va a ser referente mundial y esta legislación va a ser comparada para crear nuevas leyes. Así es que tenemos una responsabilidad enorme», añadió.
Mónica Cabrera, también parte de LOA, remarcó que esta propuesta normativa no cumplía con los parámetros mínimos de la sentencia ‘Estrellita’ de la Corte Constitucional, una mona que fue extraída de su hábitat con fines domésticos.
Tras 18 años viviendo en una casa de Quito, capital de Ecuador, fue confiscada por el Ministerio de Ambiente por tenencia ilegal de fauna silvestre y trasladada a un Zoológico, donde murió días después por un paro cardiorrespiratorio.
Tras su fallecimiento, la persona encargada de sus cuidados presentó una acción de habeas corpus póstuma para reclamar que había sido violado su derecho a permanecer en su entorno sin considerar su bienestar, una garantía que fue reconocida por primera vez por la Corte Constitucional del país.
Por su parte, Paola Maldonado, presidenta y vocera del colectivo Manada Resiste, declaró que «esta ley no defiende a los animales sino que permite su abuso», bajo la justificación cultural para «violentarlos y violarlos».
Maldonado defendió que la cultura no debe incluir «la tortura» de animales ni «mitos» como el que afirma que los toros son violentos, una frase que según dijo solo pertenece al «imaginario social».
Tradición y trabajo
En contraposición a estas opiniones, y antes de conocer la resolución del Legislativo, el abogado y presidente de la Fundación Tradiciones Milenarias de Ecuador, César Augusto Ruiz, instó a los asambleístas a respetar la tradición y cultura del territorio al que representan.
Asimismo, Ruiz reivindicó la validez de la legislación vigente, en la que «la pelea de gallos no se encuentra cancelada» y enfatizó que el propósito de la pelea no es la muerte del animal. «Tenemos un tiempo límite de ocho minutos de pelea. Si en 8 minutos no pasa nada, tablas o empate», argumentó.
Archivada por «inconstitucionalidades»
La LOPDA fue archivada con 143 votos a favor, tras la moción presentada por la presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Camila León, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), quien señaló haber encontrado «dos inconstitucionalidades» en su redacción, no cumplir con los requisitos de la Corte Constitucional y, en definitiva, «haber fallado en su esencia».
León argumentó que el Artículo 20 de la norma –que permite las práctica de actividades como cacería de zorros, toros de pueblo, rodeos y gallos de combate– va en contra de la consulta popular de 2011, mediante la cual se prohibieron las corridas de toros en algunas ciudades, entre ellas la capital Quito.
También solicitó que, en un plazo de 30 días, se prepare un informe de seguimiento y se informe a la Corte Constitucional del motivo de esta decisión.
