Manila, 19 mar (EFE).- Dos de las caras más públicas de la defensa legal del expresidente filipino Rodrigo Duterte dejarán de representarlo frente a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, donde se encuentra para ser juzgado por el crimen de lesa humanidad de asesinato tras haber sido detenido hace una semana.
Harry Roque y Salvador Medialdea, exportavoz presidencial y ex secretario ejecutivo respectivamente, dejarán de representar a Duterte, anunció a los medios de comunicación su hija, la vicepresidenta filipina Sara Duterte, la noche del martes.
Roque anunció el pasado lunes que pedirá asilo en Países Bajos, al afirmar que es víctima de una persecución política en Filipinas debido a una investigación sobre sus supuestos vínculos con casinos ilegales.
“He oído que está pidiendo asilo, ya lo ha anunciado públicamente. Queremos que se centre en su asilo, y queremos que nuestros abogados se centren en el caso” del expresidente, dijo Sara Duterte, según declaraciones recogidas por la cadena de televisión GMA.
El comité de la Cámara de Representantes del Congreso encargado de investigar estos casinos virtuales, que fueron ilegalizados el año pasado tras haberse convertido en sinónimo de corrupción, ordenó la detención de Roque el pasado septiembre, pero éste consiguió salir del país de forma irregular.
Medialdea, por su parte, recibió de Rodrigo Duterte un “poder notarial” que lo designaba como uno de sus abogados en los procedimientos de la CPI.
Sin embargo, la hija de Duterte señaló que “será retirado” del equipo legal “una vez que éste sea finalizado” porque “hay un número limitado de plazas”. La vicepresidenta señaló que la defensa del expresidente estará liderada por Nicholas Kaufman, mientras que se tratará de que el resto de abogados tengan experiencia ante la CPI.
Duterte fue arrestado en Filipinas y trasladado a La Haya hace exactamente una semana, después de que la CPI emitiera una orden secreta de arresto acusándolo del crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su guerra contra las drogas.
Durante su mandato (2016-2022) murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según cifras de la Policía, aunque ONG locales elevan la cifra hasta las 30.000.
Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado en una investigación sobre la guerra contra las drogas que lanzó durante su mandato (2016-2022). Sin embargo, el tribunal consideró que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI.
Duterte compareció el pasado viernes ante la CPI, una sesión en la que se le informó de sus derechos y del crimen de lesa humanidad de asesinato antes del comienzo oficial del juicio el próximo 23 de septiembre. EFE
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