Aprueban la ampliación 43 del régimen de excepción que deja 89.500 detenciones en El Salvador

Fotografía de archivo de un efecto óptico al captar una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de El Salvador, en San Salvador. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 1 oct (EFE).- El partido oficialista salvadoreño, Nuevas Ideas (NI), y sus aliados en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron este miércoles la 43 ampliación de un régimen de excepción, medida que suspende garantías constitucionales para enfrentar a las pandillas y que ha dejado más de 89.500 personas detenidas a las que el Gobierno acusa de pertenecer a dichas bandas delincuenciales.

La ampliación de la medida, en vigor desde marzo de 2022 y que diversos analistas señalaran que también se ha utilizado para tratar de acallar voces críticas, fue aprobada con 57 votos de 60 diputados.

«Como es de conocimiento público, las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción histórica en los índices de homicidios y la captura de más de 89.500 terroristas», se señala en el decreto enviado por el Gobierno y leído durante la plenaria.

A pesar de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele afirma que ha desarticulado operativamente a las pandillas, sostuvo que «es necesario prolongar dicho régimen de excepción, en lo referente a las medidas extraordinarias, vinculadas a la limitación de los derechos» constitucionales.

«La labor operativa y de inteligencia policial ha revelado en este período que el actuar delictivo de estas estructuras criminales sigue realizándose por algunos de sus miembros… …entre otros, diversos mecanismos de comunicación con sus líderes, pretendiendo lograr una coordinación y la transmisión de instrucciones para asegurar la continuidad de sus operaciones delictivas», apunta el decreto.

Esta ampliación implica que seguirán suspendidos por treinta días más -hasta el próximo 1 de noviembre- el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de tres días, que pasa a quince.

El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

Esta medida se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.

El presidente salvadoreño ha reconocido que bajo este régimen se han detenido al menos a 8.000 inocentes, que habrían recibido la libertad condicional y que pese al reconocimiento seguirían con procesos penales abiertos.

Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de cuatrocientas muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.