Madrid, 31 mar (EFE).- Las árbitras y árbitros profesionales reclamaron la adopción de “medidas firmes, urgentes y eficaces para erradicar” las conductas violentas contra el colectivo a las instituciones correspondientes y pidieron expresamente la implicación del Consejo Superior de Deportes (CSD).
Dos días después de la aparición de una pancarta en el estadio del Espanyol con el nombre de Carlos del Cerro Grande, con una diana en la frente y en la que se leía el mensaje “Se busca, Carlos Del Cerdo Grande”, el colectivo de árbitros profesionales españoles expresó en una nota su “más rotunda condena ante estos hechos inadmisibles” y pidió actuar para erradicar estas conductas violentas y contra quienes las promuevan o justifiquen.
“Consideramos que esta situación es consecuencia directa de la escalada de violencia verbal que estamos sufriendo por parte de determinados sectores de la sociedad y de muchos protagonistas del mundo del fútbol. Lejos de contribuir a rebajar la tensión, algunos discursos públicos parecen promover este tipo de comportamientos, generando un clima cada vez más hostil hacia nuestro colectivo”, afirmaron.
El pasado 15 de marzo, el madrileño Carlos del Cerro Grande actuó como VAR en el partido de la vigésima octava jornada de Liga entre Mallorca y Espanyol, tras el que el club catalán demandó explicaciones sobre las decisiones arbitrales, en concreto sobre la adoptada en el tiempo añadido cuando el VAR intervino para que el árbitro revisara el penalti que Joan Garcia paró a Abdón Prats, al considerar que dos jugadores entraron antes de tiempo al área.
El colegiado Quintero González mandó repetir la pena máxima y Verat Muriqi dio el tanto de la victoria al conjunto local, que se impuso 2-1.
El escrito hecho público este lunes afirma que “es hora de asumir responsabilidades por parte de las instituciones y entidades correspondientes para que se adopten medidas firmes, urgentes y eficaces para erradicar estas conductas violentas y por consiguiente actuar contra quienes las promuevan o justifiquen”.
“Solicitamos expresamente la implicación del Consejo Superior de Deportes como máximo garante del deporte en nuestro país, para que lidere una respuesta coordinada y contundente frente a esta grave amenaza a los valores del deporte y a la integridad de quienes lo representan”, añade.
El colectivo lamenta que lleva tiempo ” alertando sobre la gravedad de los acontecimientos y sobre la deriva que están tomando”, que afecta no solo a su desempeño profesional, sino también a su vida personal y familiar, en la que se “enfrentan, de forma creciente, a distintos tipos de incidentes desagradables”.
“Desgraciadamente, esta violencia también se ha trasladado a la base de nuestro fútbol y a otros deportes donde, cada fin de semana, se registran múltiples episodios de agresiones, incluso contra menores de edad sin que, en demasiadas ocasiones, los organismos competentes actúen con la diligencia necesaria”, reprocha.
El colectivo arbitral anunció también que emprenderá acciones legales de forma conjunta, “con el objetivo de llegar hasta las últimas consecuencias y proteger la seguridad y dignidad de todos sus miembros”.
Árbitros y árbitras ya denunciaron a mediados de febrero los actos violentos de los que son objeto esta temporada, tras los insultos y amenazas en redes sociales dirigidas a José Luis Munuera Montero después de arbitrar el Osasuna-Real Madrid, en el que expulsó a Jude Bellingham, y las quejas del club blanco.
Días después del partido la Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió una investigación al colegiado andaluz tras la publicación en medios de comunicación de informaciones sobre la existencia de un posible conflicto de intereses por su participación en dos empresas dedicadas a la consultoría y gestión deportiva. El expediente se cerró con la conclusión de que no existe ningún tipo de conflicto.
