Santander, 16 jun (EFE).- La Fiscalía de Cantabria ha archivado las diligencias de investigación abiertas a la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y al director general de Biodiversidad del Gobierno regional, Ángel Serdio, por autorizar y ejecutar la orden para cazar 41 lobos en la comunidad, al no considerarlo un delito.
Fuentes de la Fiscalía de Cantabria han informado este lunes a EFE del cierre de esas diligencias abiertas tras la denuncia presentada por Ecologistas en Acción.
Una vez se publicó el 1 de abril en el Boletín Oficial la Ley de Desperdicio Alimentario, que incluía la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), el Gobierno cántabro sacó al día siguiente una resolución, basándose en el plan regional de gestión de la especie, para fijar el cupo de extracciones en 41 ejemplares hasta julio de 2026.
Ecologistas en Acción presentó el 24 de abril una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria contra Susinos y Serdio, mientras que la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) hizo lo mismo, en este caso solo contra Serdio, ante la Fiscalía General de Medio Ambiente.
En su denuncia, Ecologistas en Acción apuntaba que los citados altos cargos podrían haber incurrido en varios delitos e irregularidades.
Al director general le responsabilizaba de haber dictado la resolución por la que se establece el cupo de extracción, antes de que entrara en vigor la Ley de desperdicio alimentario.
Además, cuestionaba el informe técnico en el que el Ejecutivo basó la actuación, firmado por el propio Serdio, que, a juicio de la organización, estima al alza la población de lobos y omite el estado de conservación desfavorable de la especie, «contraviniendo palmariamente» la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En el caso de la consejera, advertía de un posible delito de prevaricación «si ordenó, permitió, o colaboró, por acción u omisión, en la ejecución de los abatimientos, a pesar de conocer la solicitud de suspensión cautelar» pedida por esta asociación -que finalmente fue desestimada- e «ignorando el riesgo de daño irreversible a una especie protegida».
Por todo ello, según apuntó Ecologistas, ambos podrían también ser responsables de un delito contra la fauna al autorizar la muerte de 41 lobos en un contexto de estado de conservación «desfavorable», «sin cumplir los requisitos legales, a sabiendas de que está actuación puede estar causando un daño irreversible» para la especie.
Ángel Serdio también fue denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente por Ascel hace dos años, junto al exconsejero de Desarrollo Rural Guillermo Blanco (PRC) y el ex director general de Biodiversidad Antonio Lucio, por las autorizaciones de la caza de lobos en la región, aunque esas denuncias fueron archivadas.
María Jesús Susinos se ha mostrado «muy satisfecha» con el archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía de Cantabria y ha asegurado que el control del lobo seguirá adelante en la región, porque el Gobierno está «trabajando con absoluta legalidad».
En declaraciones remitidas por el Gobierno de Cantabria a EFE, Susinos ha lamentado que se esté «tratando de frenar» la hoja de ruta de su departamento para que, bajo criterios científicos y técnicos, se produzca «el necesario equilibrio» entre la presencia del lobo en el territorio y la ganadería.
«No es un capricho», ha asegurado la consejera respecto a ese control de la especie, que ha recordado que en 2024 protagonizó más de 2.500 ataques que provocaron la muerte de más de 3.000 animales.
Ha apuntado que la población del lobo en Cantabria ha aumentado un 92 por ciento, con 23 manadas, en la actualidad, con más de 200 animales, que «están campando a sus anchas» por todo el territorio, «incluso la costa», ha alertado.
«En Cantabria no queremos acabar con el lobo, pero no podemos permitir que termine con nuestra ganadería, tenemos que buscar el necesario equilibrio», ha reiterado.
