Buenos Aires, 10 jul (EFE).- El Gobierno de Javier Milei presentó una apelación contra el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordena al país entregar el 51 % de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), como parte del pago de una indemnización de 16.100 millones de dólares a dos fondos de inversión por la expropiación de la petrolera en 2012.
La apelación fue presentada el miércoles -aunque se dio a conocer este jueves- por los abogados que representa al Estado argentino, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, antes de que el tribunal respondiera a dos escritos previos de la Procuración del Tesoro argentino, en los que solicitaba a la jueza Preska suspender la ejecución de la sentencia.
Según el Ejecutivo, el fallo es de una «naturaleza excepcional», plantea cuestiones jurídicas no resueltas y, de ejecutarse, causaría un daño irreparable al violar la legislación argentina, que impide ceder acciones de YPF sin aprobación del Congreso.
Los fondos demandantes, Burford Capital y Eton Park, se oponen a la suspensión -al igual que el fondo Bainbridge, beneficiado por un fallo relacionado con la suspensión de pagos (default) de 2001- y pidieron este lunes la ejecución de la sentencia.
En respuesta, Argentina envió al juzgado nuevos argumentos, citando incluso una reciente intervención del gobernador Axel Kicillof, que -según la Procuración- perjudica la posición del país, y apeló sin esperar la resolución sobre el pedido de suspensión (stay), que se preveía para dentro de 15 días
El caso inició en 2015, cuando la inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.
Esas dos sociedades habían pertenecido previamente al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización y que no tomó parte del juicio en Nueva York.
Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones, alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.
Argentina argumentó durante el juicio que la ley de nacionalización de YPF aprobada por el Parlamento en 2012 por impulso del entonces Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) le impedía al Estado adquirir acciones adicionales.
La jueza Preska ordenó también a Argentina, en otro fallo, a transferir sus acciones en otra demanda entablada en 2016 por el fondo de inversión Bainbridge Fund, por el cese de pagos de su deuda soberana a finales de 2001.
El fondo de inversión logró un fallo a su favor, que condenó a Argentina a pagarle 95 millones de dólares más intereses.
YPF, fundada en 1922 y cuyas acciones se cotizan en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires, tiene un rol estratégico en el sector energético de Argentina.
