Buenos Aires, 7 jul (EFE).- El Gobierno de Argentina anunció este lunes la disolución de Vialidad Nacional, el ente público que regula las concesiones viales y que se encarga del mantenimiento de las carreteras del país que no están bajo administración de empresas privadas.
«El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar este martes, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial», anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Entre los argumentos para disolver Vialidad Nacional, el Gobierno sostuvo que este organismo fue eje de la causa judicial por irregularidades en la concesión de obras entre 2003 y 2015 por la que fue condenada a seis años de prisión la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), condena que comenzó a cumplir el pasado 17 de junio bajo el régimen de prisión domiciliaria.
Según Adorni. Vialidad Nacional «se inventó para simplificar la corrupción».
«La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada y la acaba de firmar el presidente de la Nación», aseveró el portavoz.
En sustitución de los organismos disueltos, el Gobierno creará la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que respecta a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalizaciones de concesiones viales.
Adorni anticipó que, además, se pondrá en marcha el proceso de licitación para traspasar a manos privadas carreteras nacionales por un total de 9.120 kilómetros.
Estos cambios en el sector de la regulación de las concesiones viales y los servicios de transporte público se da en virtud de las facultades que hace un año el Parlamento delegó en el Poder Ejecutivo.
De acuerdo a datos oficiales, en la Dirección de Vialidad Nacional trabajan 5.194 personas.
El organismo está encargado de controlar el cumplimiento de los contratos de concesión de autopistas y carreteras nacionales administradas por empresas privadas.
Además, debe encargarse del mantenimiento de las rutas que no están bajo concesión privada, una función por el que ha habido reiteradas quejas en los últimos meses dado el mal estado de muchas carreteras estatales.