Buenos Aires, 13 may (EFE).- El Servicio Penitenciario Federal (SPF) argentino, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional del Gobierno de Javier Milei, trasladó esta semana a un grupo de 19 condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983) a una cárcel militar con privilegios, lo que desató una fuerte polémica en el país suramericano.
El traslado de los presos de la Penitenciaría N°34 de Ezeiza a un penal militar en Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, por parte del SPF fue confirmado a EFE por fuentes oficiales.
Desde la Armada Argentina señalaron a EFE que entre los beneficiados del traslado se encuentran el capitán de fragata Alfredo Ignacio Astiz y el capitán de navío Carlos Guillermo Suarez Mason (hijo), ambos condenados a cadena perpetua por secuestros, torturas, homicidio y desaparición de personas.
Ante esta situación, la diputada nacional de izquierda Vanina Biasi presentó en el Congreso argentino un proyecto de repudio en el cual denunció que “esta medida se inscribe en el marco de una política (…) de Milei para amnistiar a los genocidas de la última dictadura militar”.
De acuerdo a la agrupación de derechos humanos HIJOS, los condenados trasladados tendrán “condiciones privilegiadas como celdas individuales, salones de usos múltiples y campos de deportes” así como otros beneficios en una sección de Campo de Mayo, que funciona como sede de instrucción militar y alberga una de las guarniciones del Ejército Argentino.
En este sentido, fuentes castrenses recalcaron que “no es una cárcel” sino “un alojamiento que termina en un alambrado del que no pueden salir” y agregaron que cuentan con comodidades como electrodomésticos y hasta una cancha de tenis.
“Tienen un trato más castrense. Los llaman por su rango y tienen más tiempo para ver a sus familiares, los cuidan más”, definieron desde el ámbito militar argentino a EFE.
El SPF justificó en un comunicado que el traslado era debido a una sobrepoblación de presos y buscaban liberar plazas y hacer una redistribución de las cárceles masculinas para reformarlo en un pabellón de mujeres detenidas.
Respecto a esto, HIJOS, conformada en parte por hijos e hijas de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, señaló: “Volvemos a decir que la situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. Pero el único lugar para un genocida es la cárcel común”.
En julio del año pasado, legisladores de La Libertad Avanza (ultraderecha), el partido del presidente Milei, visitaron a un grupo de militares presos por crímenes de lesa humanidad, incluidos Astiz y Suarez Mason, lo que desató un escándalo político en el país.
En esa oportunidad, el vocero presidencial, Manuel Adorni, buscó distanciarse de esa situación al afirmar en rueda de prensa que se trató de “un tema del Poder Legislativo” y “una agenda de la diputada” Lourdes Arrieta, del mismo espacio y quien reveló la visita.
“No nos metemos más allá de que nos pueda parecer más o menos desafortunado lo que ha ocurrido”, había dicho el portavoz.
