Madrid, 8 sep (EFE).- La Audiencia Nacional da inicio este lunes a un nuevo juicio al excomisario José Manuel Villarejo, acusado de acceder a tráficos de llamadas por encargo de un empresario presuntamente a cambio de medio millón de euros, unos hechos por los que la Fiscalía pide 23 años y medio de cárcel para él.
Se trata del denominado «proyecto Saving», por el que también será juzgado el asesor Rafael Redondo, para quien la Fiscalía pide 18 años y nueve meses, y por el que también estuvo investigado el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín, para quien se acabó archivando el caso.
El excomisario Villarejo aún está pendiente de la resolución de la Sala de Apelación, que lleva meses revisando la segunda sentencia que un tribunal dictó contra él en su primer juicio: la que le condenó a 19 años de cárcel por varios delitos, pero le absolvió de cohecho.
Este último delito vertebra buena parte de la tesis acusatoria de la Fiscalía Anticorrupción en las numerosas líneas de investigación que se le han ido abriendo al excomisario desde que fue detenido en noviembre de 2017.
Por el delito de cohecho vuelven a estar acusados Villarejo y Redondo este lunes, además de varios de descubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental.
El juicio girará en torno al denominado proyecto Saving, que se remonta a 2011, cuando Villarejo estaba en activo en la Policía.
Este proyecto habría surgido tras las dificultades del grupo Persán y su apoderado José Moya, ya fallecido, para reclamar un reconocimiento de deuda relacionado con el empresario Fernando Martín, expropietario de la constructora Martinsa-Fadesa.
Anticorrupción cree que el proyecto, desarrollado a través del grupo Cenyt, tras el que se encuentra Villarejo y en el que, según la Fiscalía, participó Rafael Redondo, «comprendió la obtención de información sobre diferentes personas» y resultó en una «serie de informes» para los que habrían acudido a tráficos de llamadas.
Sostiene que el objetivo era que el apoderado de Persán pudiera utilizar la información obtenida «en una eventual negociación con Fernando Martín para recuperar la inversión realizada en Martinsa Fadesa».
Y calcula que a cuenta de este proyecto, José Moya, a través de Persán, abonó a Cenyt 501.500 euros entre agosto y octubre de 2011. EFE
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