Madrid, 23 may (EFE).- Tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han convocado un paro de diez minutos a partir de las doce del mediodía del próximo 11 de junio para visibilizar su descontento con el anteproyecto del Gobierno de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
En concreto, el paro es convocado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Estas organizaciones han acordado solicitar la retirada de la iniciativa porque estiman que “recoge medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responde a una demanda social y no contribuye a solucionar los verdaderos problemas de la justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta el Estado de derecho”.
Las citadas asociaciones consideran que “el anteproyecto de ley de reforma del EOMF, con la idea de preparar la futura atribución a los fiscales de la instrucción de los delitos, supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas”.
Incluso creen que se dan “pasos atrás en ello al incrementarse injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales llevan a cabo su labor investigadora”.
Por ello piden “comenzar a construir un estatuto que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal”.
Por otra parte, dichas asociaciones reclaman el cumplimiento de los acuerdos del 23 de mayo de 2023 por los que se desconvocó la huelga entonces anunciada.
En este sentido reclaman que “se realice ya una amplísima convocatoria de los turnos libre y cuarto turno sostenida en años sucesivos a fin de alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura y de la Fiscalía que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio”.
Estas asociaciones ha acordado remitir al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa los informes que elaboraron en su momento sobre este asunto “con la idea de activar los canales europeos, denunciando cómo estas reformas pueden vulnerar la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal y afectar a la separación de poderes”.
Igualmente solicitarán reuniones con todos los grupos parlamentarios, con los consejos generales de la Abogacía Española y de Procuradores, con la Asociación de Abogados del Estado y con otras instituciones para explicarles “los peligros y las consecuencias de estos proyectos para el Estado de derecho y la degradación de la calidad de la justicia que pueden suponer”.
Además las cinco asociaciones se comprometen a impugnar judicialmente el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos tal y como está proyectado en caso de seguir adelante.
Por último advierten de que no renuncian a ninguna medida de conflicto colectivo que estimaran necesaria adoptar en la consecución de sus objetivos.
