Bogotá, 9 jun (EFE).- El distanciamiento entre el Gobierno y parte de la clase política colombiana se hizo evidente este lunes cuando nueve partidos rechazaron la invitación para asistir a una reunión para debatir las garantías de cara a las elecciones de 2026, tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El intento de asesinato del político, de 39 años y miembro del partido de derechas Centro Democrático, ha causado indignación y preocupación por la seguridad del próximo proceso electoral, por lo cual el presidente Gustavo Petro convocó la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, invitación que sólo fue acatada por los más afines al Gobierno.
«En democracia, el debate se construye sobre la base del respeto y con argumentos, no con mentiras ni con insultos», señaló el partido de derecha Cambio Radical, uno de los que se abstuvo de acudir a la Casa de Nariño junto con el Centro Democrático, el Conservador, el Liberal, Mira, Partido de la U, Alianza Social Independiente (ASI), Colombia Justa Libres y Liga de Gobernantes Anticorrupción.
En el encuentro, según la Presidencia, Petro y demás autoridades asistentes, coordinaron «acciones para garantizar el desarrollo normal de los procesos electorales, la protección de los derechos de todos los partidos y movimientos políticos, y el plan de seguridad para las próximas elecciones».
La preocupación de todos es que, tras el atentado contra Uribe Turbay, se repitan en el país los terribles crímenes que precedieron la campaña presidencial de 1990 cuando fueron asesinados los candidatos Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.
Denuncias de la oposición
Sin embargo, los partidos que no asistieron argumentaron que, para avanzar hacia un acuerdo nacional, es indispensable que el Gobierno tenga «mesura, respeto absoluto por la institucionalidad y el cese inmediato de maniobras destinadas a eludir las normas para satisfacer intereses políticos y electorales».
Además, Cambio Radical considera que hechos como el atentado del que fue víctima Uribe Turbay, quien permanece en estado grave, «son consecuencia de esa continua incitación al odio que hace el presidente Petro» y que replican sus seguidores, por lo que le exigió cesar «su violencia contra la oposición».
«Para tener una reunión seria se tiene que tener un objetivo claro y un orden del día preciso, no más ambigüedad, no más desorden y no más improvisación», manifestó el excandidato presidencial Sergio Fajardo, que tampoco asistió.
La inasistencia de los nueve partidos, que además cuestionaron las condiciones del Gobierno para liderar el proceso electoral que se inicia para los comicios legislativos y presidenciales del año próximo, fue duramente criticada por el ministro del Interior, Armando Benedetti.
«Los partidos políticos están llamados a cumplir las reglas de la democracia y con ellas el proceso electoral que hoy no quieren cumplir. Desconocer la competencias del presidente es sedición. Nosotros ya empezamos a bajar el tono, ¿y ustedes?», manifestó el ministro en su cuenta de X.
La polémica de la consulta popular
La oposición critica además al Gobierno por insistir en la convocatoria por decreto de una consulta popular para que sea el electorado el que decida si se aprueba o no la reforma laboral, pese a que esa iniciativa ya fue hundida en el Senado, que también se pronunció en contra de hacer esa consulta.
Por eso, además de rechazar la invitación del Gobierno, los nueve partidos anunciaron en un comunicado conjunto: «Ante la falta de garantías y los evidentes sesgos del gobierno contra la oposición, acudiremos a instancias internacionales que nos brinden las condiciones de equidad que el gobierno nacional nos niega».
Igualmente pidieron al procurador general, Gregorio Eljach, que active la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral «para garantizar la transparencia y seguridad» que exigen los partidos de oposición e independientes «frente a la hostilidad del Ejecutivo».
«Colombia atraviesa momentos que rememoran los capítulos más oscuros de nuestra historia reciente. El miedo, la incertidumbre, la polarización y el avance descontrolado de la criminalidad han secuestrado la vida nacional, generando inseguridad en todos los ámbitos de nuestra sociedad», agrega el comunicado.
Y mientras el país sigue pendiente de la evolución de Uribe Turbay, que según el último parte médico de la Fundación Santa Fe, «continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados», surgieron denuncias de supuestos planes para atentar contra otros dirigentes.
Una de ellas la hizo el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador del Centro Democrático, quien dijo que «mientras Miguel se debate por la vida, el Gobierno habla de otros temas» y al tiempo que los invita «a buscar acuerdos para prevenir nuevas masacres», una fuente de «inteligencia internacional» le informa de «la preparación de otro atentado» en su contra.
«Esto no puede ser tomado a la ligera. Exigimos al Gobierno nacional y a las autoridades judiciales y de seguridad que actúen con la mayor urgencia y responsabilidad frente a esta denuncia», señaló su partido.