Aranjuez (Madrid), 1 jul (EFE).- La mayoría de los menores condenados en España en el último año y medio por delitos relacionados con el yihadismo no solo consumían y divulgaban en redes contenidos terroristas, sino que además manifestaron su deseo de cometer atentados y en algunos casos ya habían fabricado y probado artefactos explosivos.
Esta es una de las cuestiones abordadas este martes por el investigador del Real Instituto Elcano Álvaro Vicente en el curso de verano ‘La amenaza yihadista para España’, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Álvaro Vicente ha destacado el «fenómeno creciente» que también se refleja en España de la incidencia del yihadismo en los menores.
Como se ha puesto de manifiesto en otra sesiones del curso esto se demuestra en el hecho de que, de los 81 detenidos en España por delitos relacionados con el yihadismo el pasado 2024, 15 eran menores y que de los 74 arrestados ya en los seis primeros meses de este año, lo son siete.
Álvaro Vicente ha señalado que en el período comprendido entre 2014 y 2019 ocho menores fueron condenados en España por delitos de yihadismo, mientras que desde 2020 se han dictado nueve sentencias condenatorias, la mayoría, seis, en el último año y medio, y en la actualidad hay diez menores esperando juicio en la Audiencia Nacional.
El investigador ha explicado que en estas dos etapas se ha experimentado una evolución en la forma de radicalización de estos menores.
De esta forma ha dicho que en la primera etapa se radicalizaban en internet, pero también en entornos de contactos físicos de ámbito familiar, con amigos, en mezquitas o en el vecindario y en general en entornos socioeconómicos precarios.
Ha manifestado que, sin embargo, tras la caída del califato del Estado Islámico en Siria e Irán y sobre todo a raíz de la pandemia se ha detectado que esa radicalización no afecta solo a contextos de vulnerabilidad socioeconómica, sino que también «hay jóvenes de familias con un perfil económico medio-alto, que estudian en institutos privados», que se ven afectados por el fenómeno.
Además ya no se concentran en «bolsas de radicalización», sino que están dispersos por todo el territorio nacional.
Álvaro Vicente ha recalcado que ahora la radicaliación de los menores es viral, a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea en las que consumen «contenido muy violento» con yihadistas suicidas o que mueren combatiendo.
Según se desprende de los casos juzgados en España se ha detectado que estos menores tienen vulnerabilidades psicológicas, se sienten solos o han sufrido acoso escolar y buscan un sentido de pertenencia y un refugio en las redes pues no suelen tener muchas habilidades sociales.
Las sentencias dictadas en el último año y medio reflejan que los menores condenados se dedicaban a una labor muy profesional de difusión de contenidos propagandísticos pero también se implicaban en la preparación de atentados.
Álvaro Vicente ha puesto como ejemplo que uno de ellos difundió en Tik Tok un vídeo en el que aparecía detonando un artefacto explosivo.
Otro había realizado ensayos en su casa con el mismo explosivo que utilizaron los terroristas implicados en los atentados de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en 2017, y otros dos realizaron ensayos en un descampado para probar la capacidad destructiva del artefacto que habían elaborado.
El investigador del Real Instituto Elcano ha manifestado que mientras los menores implicados en procesos yihadistas en países europeos tienden tendencia al uso de cuchillos para preparar sus acciones, en España se inclinan por los artefactos explosivos.
Y ha advertido de que el conflicto en Gaza puede ser utilizado por las organizaciones terroristas para captar a menores para la causa yihadista.
Por otra parte, la investigadora principal del Real Instituto Elcano Carola García-Calvo ha destacado que entre 2015 y junio de 2025, de los 224 condenados en España por yihadismo, 29 son mujeres, es decir el 13 por ciento.
Ha indicado que el 62 por ciento de ellas son jóvenes de entre 18 y 29 años, el 40 por ciento solteras, el 85 por ciento nacidas o criadas en España y ninguna tenía antecedentes penales.
