Bogotá, 17 jun (EFE).- El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, aseguró este martes que deja en manos de las altas cortes la decisión de si el organismo electoral que dirige debe hacer o no la consulta popular sobre la reforma laboral convocada por decreto por el presidente Gustavo Petro pese a que ya fue rechazada por el Senado.
«Es clara y evidente una controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo y por tanto lo que procede jurídicamente ante una controversia de tal magnitud que no tiene precedente en la historia reciente del país, lo correcto, lo pertinente (…) es dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta popular convocada», dijo el funcionario.
Desde que Petro convocó la consulta popular, el pasado 11 de junio, le han llovido críticas y demandas ante el Consejo de Estado (máxima autoridad de lo contencioso administrativo) y la Corte Constitucional, entre otras instancias, por parte opositores y juristas que consideran esa medida inconstitucional.
«En el Consejo de Estado hay cerca de diez acciones de nulidad simple contra el Decreto 639 que convoca la consulta popular, 34 acciones de nulidad por inconstitucionalidad y 97 tutelas (recursos de amparo), varias de ellas que ya fueron admitidas», dijo el registrador.
Penagos añadió que «en la Corte Constitucional cursan once demandas de inconstitucionalidad» y la propia Registraduría ha recibido «diferentes solicitudes, seis de ellas solicitando la excepción de inconstitucionalidad (…) y múltiples derechos de petición en relación con la convocatoria».
La Justicia tiene la palabra
El Senado rechazó en marzo pasado el proyecto de reforma laboral de Petro y luego, el 14 de mayo, hundió también, por 49 votos contra 47 la petición del mandatario de convocar una consulta popular para que sea el pueblo el que decida sobre cambios en las leyes del trabajo.
Tras esos reveses, el presidente recurrió al llamado «decretazo» con el argumento de que se hizo «trampa» en la votación senatorial sobre la consulta y por eso decidió convocar al pueblo a las urnas el próximo 7 de agosto, día en el que cumple tres años en el cargo, pero Penagos aclaró hoy que la autoridad electoral es «un órgano autónomo independiente».
«El Consejo de Estado debe decidir», dijo hoy el registrador, quien aclaró que ese tribunal es el indicado para decir si la votación del Senado que rechazó la convocatoria de la consulta popular fue legal o no.
El registrador subrayó que «está en juego el principio de separación de poderes» y añadió: «Aspiro a que haya una decisión pronta de los jueces» para saber «si continuamos o no con los trámites de la consulta popular convocada».
«Que también se sepa de una vez y de manera clara y precisa que el registrador y la Registraduría Nacional no tienen superior funcional en la Constitución Política», afirmó.
No hay tiempo ni dinero
El funcionario se refirió además a los plazos, recursos y logística para hacer la consulta y señaló que, aún en caso de tener un concepto favorable del Consejo de Estado, es imposible hacerla el 7 de agosto, como decretó el presidente.
La consulta costaría 750.000 millones de pesos (unos 183 millones de dólares), dijo Penagos, quien se preguntó si «es correcto» que la Registraduría comprometa una suma tan alta que puede «representar un detrimento patrimonial para el Estado», además de «investigaciones disciplinarias, penales y fiscales» en caso de que se hiciera sin el aval de la Justicia.
«Además de eso, a la fecha de convocatoria de la consulta popular hay cerca de 53 días y debo decirles que materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística para convocar una consulta popular en 53 días», indicó.
Según explicó, la Registraduría requiere como «mínimo tres meses» para organizar una votación porque «hay que convocar a todos los habitantes del país» y, además de las cerca de 112.000 mesas de votación hay que llevar material electoral a 67 países y a 124 consulados.
«La tarea de la distribución del material electoral a esos lugares apartados del planeta es descomunal y difícil» y por eso «el solo proceso de distribución conlleva meses para que llegue oportunamente».
Adicionalmente, al no ser una votación ordinaria como las de presidente, Congreso, alcaldes y gobernadores, «hay que capacitar a unos 650.000 jurados en todo el país», tarea que lleva semanas, concluyó.
