Ciudad de Panamá, 9 jun (EFE).– La ola de protestas que se ha desarrollado en diversos puntos de Panamá ha dejado un saldo de 34 miembros de la Fuerza Pública gravemente heridos en 45 días de protestas, según informó este lunes el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado.
En la nota oficial se resalta que los «34 uniformados de la Fuerza Pública gravemente heridos es el resultado de las violentas protestas que se han prolongado por 45 días consecutivos» en Panamá.
Entre los heridos de gravedad, destaca la nota, está un agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), «quien ya fue sometido a una intervención quirúrgica y mañana (martes) deberá someterse a una segunda operación, luego de haber sido brutalmente atacado con un machete durante las protestas en la comunidad de Arimae, en Darién».
Precisamente, la comunidad de Arimae fue escenario la semana pasada de fuertes enfrentamientos entre agentes policiales y comunidades indígenas de la zona.
Estas manifestaciones se dan en rechazo a la Ley 462 de 2025 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá, y en demanda además de la liberación de líderes indígenas arrestados tras un caso de retención de una agente del Senafront.
«Estas agresiones han puesto en riesgo la integridad de quienes tienen la misión de proteger a la ciudadanía», señala el comunicado oficial.
En dichas protestas también se incluyen objeciones a un acuerdo de seguridad suscrito en abril pasado entre el Gobierno panameño y Estados Unidos.
El Ministerio de Seguridad también apunta que en cada cierre de calles, «los agentes han sido víctimas de faltas de respeto verbales en primera instancia», y que en algunos casos «han sido agredidos de inmediato con piedras, palos y otros objetos contundentes».
«En estas manifestaciones, las unidades policiales han intervenido para despejar las vías y garantizar el derecho al libre tránsito de miles de panameños», amplía la misiva.
A las protestas se han sumado, además de las comunidades indígenas, sectores como el sindicato de la construcción Suntracs, el sector bananero, farmacéuticos, supervisores de educación y médicos, quienes respaldan el paro indefinido convocado desde el pasado 23 de abril por el gremio de docentes del sector público, que se opone a la Ley 462 de la CSS, al considerar que compromete el futuro del sistema de pensiones.
