Madrid, 11 jun (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid planea sancionar con hasta 100.000 euros los escraches y las manifestaciones no autorizadas en la universidad, según el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) del pasado 29 de mayo al que ha tenido acceso EFE y que ha adelantado El País .
Ayuso ha señalado en X que «esta noticia es falsa», pero el borrador ha sido remitido a diferentes comisiones universitarias que deben emitir informes, si bien no se ha enviado de forma oficial.
El documento prevé infracciones graves como la ocupación de cualquier lugar del campus, la colocación de pancartas o símbolos o las manifestaciones, todo ello sin autorización, con multas de hasta 100.000 euros.
También incluye infracciones muy graves de entre 100.000 y un millón de euros, por conductas como «no garantizar por acción u omisión la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión y de cátedra».
Fuentes de la Consejería de Educación indican que el régimen sancionador del borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid fue «anunciado y debatido en 2024, sin que se haya ha añadido ninguna novedad desde entonces».
Las mismas fuentes señalan que esto «no contraviene ninguna norma estatal», sino que «sigue la línea de la Ley nacional de convivencia universitaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022» y agregan que precisamente protege la Ley de la Comunidad de Madrid es la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y de cátedra, así como el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus universitarios.
«No solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas», añaden desde el Departamento que dirige Emilio Viciana, que subraya que este régimen sancionador da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universidad esté amparada legalmente.
Detallan que los casos más graves se reservan para los centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, contra la publicidad engañosa, que se cubran plazas públicas sin cumplir los requisitos y también, por supuesto, se sancionan la censura, discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales.
