Madrid, 19 ago (EFE).- El número de horas extra ha disminuido desde que entró en vigor el registro horario en más de 553.300 horas semanales, aunque ha aumentado en cerca de 200.000 el número de trabajadores que dicen realizarlas.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE), un millón de trabajadores realizaron horas extra a finales de 2024, más de 200.000 más que al término de 2018, justo antes de la entrada en vigor el actual registro horario.
Del millón de trabajadores que hacían horas extra, 389.600 personas, casi el 40 %, no eran remunerados por ese tiempo de trabajo extra, una tasa ligeramente inferior a la que había en 2018 (42 %).
Por el contrario, 551.100 empleados, el 53 % de los que hacían horas extra en 2024, sí percibían una compensación a cambio, y un 7 % sólo a veces,frente al 52 % que sí realizaban horas extra pagadas en 2018 y el 5 %, a veces.
Aunque han aumentado los trabajadores que trabajaban por encima de su jornada, el número total de horas extra que realizaban ha disminuido en 553.000 horas a la semana, al pasar de 6,43 millones a finales de 2018 hasta los 5,88 millones al término de 2024.
Este recorte se ha dado tanto en las horas extra pagadas, con 157.000 menos, como en las no pagadas, con 397.000 menos.
Con los últimos datos en la mano, en el segundo trimestre del año había 22.000 trabajadores menos haciendo horas extra que a finales de 2024, un descenso que se da solo entre los que son remunerados por ello, porque aumentaba el número de trabajadores a los que no se les abona ese trabajo extra.
Lo mismo ocurre atendiendo a las horas extra, ya que disminuyen las pagadas, pero las no remuneradas aumentan en 54.400 horas a la semana.
El Gobierno quiere reformar el control horario
En marzo de 2019 fue aprobado el real decreto ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo que incluyó, entre otros temas, la obligación de llevar un control efectivo del horario de trabajo.
De esta forma, las empresas tienen la obligación de registrar con detalle la hora de entrada y salida de cada empleado, algo con lo que se buscaba asegurar el respeto a los límites de la jornada, tanto en términos de horas máximas como de descansos, así como las condiciones establecidas en los contratos y convenios colectivos.
No obstante, el Gobierno ha visto disfunciones en la aplicación del mismo y, en el texto de la ley para reducir la jornada laboral, ha incluido una reforma del registro para hacerlo más objetivo, fiable, accesible e interoperable, al tiempo que se endurecerían las sanciones por incumplimiento.
Pero el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, fruto de un acuerdo entre Gobierno y sindicatos -del que se descolgó la patronal-, se encuentra ahora en trámite de enmiendas a la totalidad y se enfrenta a tres vetos.
En concreto, los presentados por PP, VOX y Junts que, de salir cualquiera de ellos adelante, supondría que la norma decaería y sería devuelta al Gobierno.
Por ello, desde el Ejecutivo se afanan por negociar con los grupos el apoyo a la reducción de jornada, principalmente con Junts, que haría decantarse la balanza hacia un lado o hacia el otro, aunque con poco éxito hasta el momento.
De hecho, estaba previsto que el pasado 22 de julio se debatieran dichas enmiendas en el Congreso de los Diputados pero, ante la falta de certeza de los apoyos, se ha decidido aplazar la negociación a finales de agosto cuando vuelven a abrirse las puertas de las Cortes.
En cualquier caso, el Gobierno ya ha avisado de que, en caso de fracasar el intento para reducir la jornada laboral, aprobará en solitario el nuevo registro de jornada, ya que no es necesario que se tramite al tener rango reglamentario.
