Palma, 30 jun (EFE).- El Govern balear del PP ha solicitado formalmente a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo, que devuelva los 3,7 millones de euros que cobró del anterior Ejecutivo de izquierdas por 1,5 millones de mascarillas inservibles y que se las lleve.
En 2020, cuando presidía el Govern la socialista Francina Armengol, el Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salud) compró por 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión un lote de 1,5 millones de mascarillas que no eran aptas para ser utilizadas por personal sanitario en plena pandemia de covid.
Los cubrebocas, pagados con fondos Next Generation de la UE, permanecen desde entonces almacenados en dependencias de la administración autonómica.
El Ib-Salud inició el proceso de nulidad de este contrato en octubre de 2024 y remitió hace unos días un documento, al que ha tenido acceso EFE, en el que exige a Soluciones de Gestión que reingrese el dinero pagado por la administración balear y que recoja las 1.479.770 mascarillas que llevan cinco años guardadas.
114.560 euros por gastos de almacenamiento
Además, solicita una indemnización por daños y perjuicios que asciende a 173.478 euros, por los siguientes conceptos: 114.560 euros por el almacenamiento de las mascarillas, 1.432 por costes de traslado, 771 por manipulación y 56.715 por el flete aéreo cuando se enviaron a Mallorca.
A todo ello se suman los intereses de demora, que se concretarán cuando se dicte la resolución definitiva del proceso administrativo de reclamación abierto por el Ejecutivo.
En la propuesta del Ib-Salud, a la que la empresa podrá presentar alegaciones, se alude al informe del Consejo Consultivo de las Islas Baleares que declaró nula la resolución del 4 de mayo de 2020 en la que se adjudicó por procedimiento de emergencia el suministro de mascarillas tipo FFP2.
En ese informe, el órgano de asesoramiento legal destaca la falta de capacidad de Soluciones de Gestión para «contratar el suministro objeto de dicho contrato» y a la «falta de solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo».
Desde que se abrió la investigación judicial, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido en tres ocasiones a la sede del Ib-Salut en Palma para requerir información sobre las mascarillas y sobre otras contrataciones de obras y servicios.
Se espera que el resultado de las pesquisas se materialice en un próximo informe dirigido al juez instructor de esta causa en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
El origen del caso: los contratos de mascarillas
En el caso Koldo, la Justicia trata de desentrañar un entramado que supuestamente se lucró con comisiones de contratos de mascarillas adjudicados en 2020 por entes públicos —la mayoría dependientes del Ministerio de Transportes— a la empresa Soluciones de Gestión por unos 54 millones de euros, aunque posteriormente se extendió a presuntas ‘mordidas’ por adjudicaciones de obra pública.
Según la tesis de los investigadores, la elección de Soluciones de Gestión habría partido, antes incluso de publicarse las ofertas, del Ministerio de Transportes que dirigió José Luis Ábalos entre 2018 y 2021, y tanto el exministro como su exasesor Koldo García, que da nombre al caso, habrían cobrado por mediar en las adjudicaciones.
Las sospechas apuntan a que esta empresa fue una sociedad instrumental en un negocio entre el empresario y presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, y su socio Juan Carlos Cueto, quienes se habrían embolsado millones de euros. EFE
ja/tar/fp
