Madrid, 26 sep (EFE).- Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, comparece de nuevo este sábado ante el juez Juan Carlos Peinado después de que éste decidiese que la parte de la causa en la que la investiga por presunta malversación se dirimirá ante un jurado popular, en caso de llegar a juicio.
Dos semanas después de declarar ante el magistrado, Begoña Gómez está citada por quinta vez desde que comenzó la investigación, en abril de 2024, en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, donde su titular está de guardia este sábado.
También están citados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a partir de las 18:00 horas, para un trámite exigido en la ley en los procedimientos del jurado y que consiste, en esencia, en concretar la imputación en su contra y determinar el futuro de la causa.
Los tres están investigados por presunta malversación, al creer Peinado que hay indicios de delito en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez si esta ha desempeñado funciones privadas para ella, vinculadas a su faceta profesional, pero pagada con fondos públicos.
Respecto a Francisco Martín, cuya imputación viene determinada por su cargo en Presidencia del Gobierno entonces, ha manifestado este viernes al acudir a un desayuno informativo que afronta la citación con total tranquilidad.
Una vista en sábado
Este sábado, día en el que Peinado cumple 71 años -uno menos de la edad máxima de jubilación de los jueces-, los investigados, sus abogados, la Fiscalía y las acusaciones, coordinadas por Hazte Oír, están convocados a la vista prevista en el artículo 25 de la Ley del Jurado.
Por una parte, se concretará la imputación de los tres y las partes podrán pedir diligencias de investigación, mientras que las defensas o la Fiscalía, que discrepa de la tesis de Peinado, podrán instar al archivo.
Eso dentro de los juzgados de Plaza de Castilla; fuera, la misma organización que coordina las acusaciones populares ha convocado una manifestación bajo el lema «No al corrupto».
Y después, ¿qué?
El juez deberá dictar un auto que acuerde la continuación del procedimiento o su archivo. Si se da el primer escenario, Peinado tendrá que valorar si atiende a las diligencias solicitadas si las considera «imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral», según establece la ley.
Algunas acusaciones, como Iustitia Europa, ya han avanzado que solicitarán diligencias para que el juez siga investigando. Además, hay otras pendientes, como la petición a la UCO de un informe sobre los correos que la asesora de Gómez se cruzó con el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid.
La Audiencia de Madrid toma la palabra
El lunes, dos días después de la vista, la sección 23 de la Audiencia de Madrid comienza a deliberar a puerta cerrada la decena de recursos interpuestos contra decisiones del juez. Además de ese día, los magistrados han fijado también el 6 de octubre.
Deberán valorar, por ejemplo, si avalan o rechazan la decisión de Peinado de desgajar la investigación por malversación en una pieza separada -lo que determina que pueda ser vista por un jurado-, de imputar este delito a los investigados o de pedir los correos de una cuenta de Begoña Gómez asociada a Presidencia en los últimos 7 años.
El giro en la malversación
La investigación por malversación en el nombramiento de Cristina Álvarez discurre al margen del procedimiento principal, centrado en delitos de corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.
En un primer momento, cuando el juez imputó al delegado del Gobierno a petición de Vox, rechazó investigar a Begoña Gómez y su asesora al considerar que no podían incurrir malversación: la primera no había participado en el nombramiento ni pagado su sueldo y la segunda era la destinataria del cargo.
Pero meses después, y tras intentar sin éxito que el Tribunal Supremo imputase al ministro Félix Bolaños, el juez acordó investigar a ambas por malversación en base a un auto de la Audiencia Provincial que respaldaba que investigase si Cristina Álvarez excedió sus funciones públicas «para favorecer el plan delictivo» de Begoña Gómez en el delito de tráfico de influencias, «mediante la desviación de medios públicos».
